Hace más de 10 años que la activista y médico de profesión Rebecca Gomperts fundó la ONG Women on Waves. Tras varios años de experiencia a bordo del barco Rainbow Warrior, de Greenpeace, la activista holandesa conoció en primera personas las consecuencias de millones de mujeres que se habían sometido a abortos clandestinos. La mayoría sufre problemas crónicos en el útero y muchas mueren desangradas.
Women on Waves está formado por activistas y médicos que encontraron la forma de inducir abortos, bajo control médico y de forma legal, en los países en los que no está permitido. Según datos de la ONG Institute Guttmacher, entre 2010 y 2014 se produjeron a nivel mundial 56 millones de abortos inducidos anuales. La misma organización señala que entre 1990 y 2000 la tasa anual de aborto más alta ocurrió en el Caribe, estimada en 65 por 1.000 mujeres en edad reproductiva, seguida por América del Sur en 47 por 1.000.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) contabiliza que 22 millones de abortos peligrosos se realizan al año, siendo la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo donde existen legislaciones más restrictivas y estima que se producen alrededor de 47.000 muertes anuales a consecuencia de estos abortos clandestinos.
La ONG recibió 300 llamadas de mujeres guatemaltecas en menos de 48 horas
Women on Waves lleva más de una década ayudando a mujeres que quieren abortar, siempre que el embarazo no supere las 12 semanas, en países donde no está permitido. El pasado miércoles por la mañana, el barco llegó al puerto de Marina Pez Vela, en Guatemala. Consiguió todas las licencias y permisos necesarios para que el barco y la tripulación, Daniel Evans, Merilee Nyland, Alicia Ott y Seth Bearden, se quedaran y navegaran con el barco cuando quisieran.
Al día siguiente, mientras se llevaba a cabo la rueda de prensa, el ejército de Guatemala bloqueó el acceso al muelle y evitó que los activistas accedieran al barco, alegando que un abogado había presentado un "Habeas Corpus" en el que se denunciaban vejaciones y violación de los derechos humanos dentro de la embarcación. Mientras los activistas permanecían retenidos en el muelle, un juez inspeccionaba el barco a las 3 de la madrugada. Las tripulantes aseguran que nunca llegaron a ver la denuncia ni se les permitió presentar alegaciones.
El barco tuvo que abandonar las aguas guatemaltecas después de que el Presidente, Jimmy Morales, y el Ministerio de Inmigración les obligaran a irse. La decisión se basó en que tenían permiso de turistas y no para ejercer una actividad médica. Mientras tanto, en la página de Facebook, miles de ciudadanos acusaban a la ONG de ser "asesinos" y pedían su "retirada inmediata de aguas guatemaltecas".
Sin embargo, el teléfono de atención a las mujeres permanecía activo. "Recibimos hasta 300 llamadas en menos de 48 horas de mujeres que necesitaban información. Nunca preguntamos sobre los motivos, pero la gran mayoría quiere compartirlos", explica Verónica Fernández, miembro de la organización, a PlayGround. "Las llamadas eran de perfiles muy variados. Desde chicas de 14 años, muchas embarazadas debido a violaciones, pero también mujeres de 40 años con tres hijos a su cargo que querían interrumpir el embarazo por necesidades económicas".
No es la primera vez que la ONG es expulsada de un país. En 2004 Portugal lanzó sus buques de guerra para avitar que cruzaran aguas internacionales. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el artículo 10, que garantiza la libertad de expresión, fue violado por Gobierno portugués. Tres años después, Portugal legalizaba el aborto hasta las 10 semanas de embarazo. Su última campaña fue hace dos años. La idea era llegar a Marruecos, pero nunca le permitieron acceder al país. Su actuación en países como España, Irlanda o Polonia ha tenido un gran peso a la hora de legislar un tema como el aborto, que continúa siendo tabú en muchos países del mundo.
La organización holandesa llega al puerto del país, habla con las mujeres que quieren interrumpir el ambarazo y, si se cumplen los requisitos (que no supere la 12 semanas de gestación) navegan hasta aguas internacionales donde se les proporciona el método para interrumpir el embarazo (las pastillas de Misotrospol) siempre bajo atención médica. La ONG consiguió así encontrar un vacío legal para poder ayudar a las mujeres que quisieran abortar, ya que en aguas internacionales no se aplica la jurisdicción del país. La organización no cobra dinero por atender a estas mujeres, la mayoría con graves dificultades económicas.
El aborto y el embarazo en Guatemala
Según datos del Instituto Goettmacher, en Guatemala se producen 65.000 interrupciones anuales. Alrededor de 21.600 mujeres son hospitalizadas y 660 mujeres mueren por complicaciones de aborto clandestino. Es la tercera causa de mortalidad en el país.
El Gobierno de Guatemala solo contempla la interrupción del aborto en caso de suponer un riesgo para la vida de la madre. El problema surge cuando, según denuncia el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (Osar), las cifras de embarazo en menores de edad en Guatemala son escalofriantes. Tan solo en tres meses, desde enero hasta marzo de 2016, se registraron más de 600 nacimientos donde las madres no superaraban los 14 años. Entre los jóvenes de 15 a 17 años se produjeron 9.142 embarazos. En total: 9.829 menores de edad embarazadas tan solo en el tercer trimestre de 2016. En 2015 la cifra se situó en 2.947.
La Doctora Mirna Montenegro, que lidera el Observatorio, señaló que hasta 687 niñas que dieron a luz fueron víctimas de violación, y en la gran mayoría de los casos por alguien cercano de su familia. El 2015 fueron 1.773 las agresiones sexuales en el país. Del total de víctimas, alrededor de 1.000 era menores de edad y 90 eran bebés menores de un año (28 niños y 62 niñas). El mismo año se registraron 431 muertes maternas entre las cuales 79 fueron de menores de edad.
Otro de los principales problemas que sacude Guatemala es la pobreza, y en este sentido los activistas denuncian que la pobreza impide que muchas mujeres tengan acceso a métodos anticonceptidos. Además, si se tienen en cuenta los índeces de analfabetismo, el fuerte arraigo de la religión y la negación de algunos hombres a la hora de utilizar el preservativo, constituyen todos los ingredientes para un "cóktel incendiario" que ha terminado poniendo sobre la mesa la posibilidad de legislar el aborto o, por lo menos, debatirlo.
El mercado negro del aborto
Laura, nombre fictio, tenía 24 años cuando abortó. Estudiante de psicología, de clase media y con una pareja con una doble vida se encontró en la situación de decidir si seguir con un embarazo no deseado. Tras meditarlo, decidio abortar. Contactó por teléfono con una mujer que la citó en el párking de un centro comercial con una mujer que le suministró dos pastillas.
"El problema de los abortos clandestinos aborda dos tipos de peligros: primero, en muchos casos no sabes que te están suministrando y en segundo lugar, y el más grave, puede tener consecuencias letales para la salud de las mujeres", explica Verónica fernández de Women on Waves.
En el caso de Laura se cumplían todos los patrones. La dosis que le suministraron no era la adecuada. Es algo que se repite en la mayoría de ocasiones: se vende una dosis casi tres veces menor a la necesaria y las chicas tienen que volver a comprar el producto.
Laura pudo permitirse un ginecólogo de la seguridad privada. Cuando la atendió, después de la primera toma, le dijo que no se había interrumpido el embarazo y que sufría el riesgo de desangrarse, pero no podía aplicarle un legrado porque la ley se lo impedía. Laura volvió al día siguiente al párking y se tomó una segunda toma. Finalmente, terminó el embarazo y no puso en riesgo su vida. El costo total fue de 1.700 euros.
Como Laura. miles de mujeres acuden al mercado negro para interrumpir su embarazo. Detrás de cada historia hay abusos sexuales, violencia doméstica, desamparo o simplemente, mera convenencia. Quizás el debate deba centrarse en si estas mujeres, sea cuál sea su situación, deben poner en riesgo su vida.
