Expertos internacionales alertan sobre los riesgos de que el gobierno de López Obrador se obstine en conformar una Guardia Nacional que quede bajo un mando militar y se haga cargo de las labores de seguridad pública en México. Dar más poder a las fuerzas armadas, alertan, constituye “un error colosal”, y supone un “retroceso democrático muy peligroso para todos”, dicen a Newsweek México.
Lo que los titulares de las fuerzas armadas han conversado con el presidente electo de México durante la etapa de transición gubernamental es un misterio. Se desconoce el reporte que le habrían expuesto sobre el país que gobernará a partir del 1 de diciembre, así como los acuerdos a los que habrían llegado. Pero tal parece que Andrés Manuel López Obrador ya se cuadró con los militares, primero, aceptando las ternas para designar a sus sucesores y, luego, permitiéndoles participar de forma decisiva en su próximo gobierno.
El discurso de AMLO sobre el rol que deben tener las fuerzas armadas en nuestro país ha dado un giro de 180 grados. De afirmar como candidato presidencial que “tenemos que ir sacando al Ejército de la calles, no está preparado para esta función…” hoy busca otorgarles amplias atribuciones en materia de seguridad pública. Y su postura la secundan miembros de su gabinete y legisladores de su partido —Morena— que cuenta con mayoría en el Congreso.
Arguyendo que solo las fuerzas armadas pueden hacer frente a la crisis de seguridad que se vive en México, el pasado 20 de noviembre Morena presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para crear la Guardia Nacional. Esta figura, a decir de diversos expertos, otorgará metapoderes a las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública. Como contraviene la Constitución mexicana, Morena propone reformar 13 artículos (el 13, 16, 21, 31, 32, 36, 55, 73, 76, 78, 82, 89 y 123) para así poder “legalizar” la actuación de los elementos castrenses.
La nueva iniciativa de ley se presentó días después de que la Suprema Corte de la Nación declaró anticonstitucional la Ley de Seguridad Interior. Y a la nueva propuesta del gobierno entrante se le tilda como “una versión vitaminada y mucho más peligrosa” para nuestro país.
Así lo considera la abogada Angelita Baeyens, miembro del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy. Este centro, junto con nueve organizaciones internacionales más constituyeron el Observatorio Internacional sobre Derechos Humanos en México luego de que, el año pasado, se aprobó la polémica Ley de Seguridad Interior que recientemente la Suprema Corte declaró inconstitucional. Ahora el observatorio alerta que la propuesta que impulsan AMLO y su gabinete es aún más grave:
“Vemos con muchísima preocupación que lo que ahora plantea el nuevo gobierno es la misma estrategia de usar a los militares para combatir la inseguridad, pero otorgándoles muchos más poderes. Ya se demostró que esa estrategia que se usó en la última década no solo fracasó, sino que hizo que la inseguridad aumentara —y ahora es lo mismo de lo que ya había, pero en una versión vitaminada”, comenta Baeyens a Newsweek México.
ALERTA GENERALIZADA
La propuesta de Morena, acorde con el plan de seguridad de AMLO, incorpora una definición de Guardia Nacional donde se precisa: “Es una institución del Estado que participará en la salvaguarda de la libertad, la vida, la integridad, y el pleno ejercicio de los derechos de todas las personas, protegiendo su seguridad, sus bienes, así como preservar el orden, la paz pública, los bienes y recursos de la Nación”.
Así, sin más, la propuesta suena ideal, teniendo en cuenta que la inseguridad es una preocupación inmensa para los mexicanos. Pero cuando se especifica que la estructura y operación de tal Guardia Nacional dependerá de un mando militar y no de uno civil, todo cambia. Este hecho ha encendido las alertas de defensores de derechos humanos, expertos y ciudadanos.
El plan contempla que la Guardia Nacional esté bajo el mando directo del secretario de la Defensa, y que se conforme con integrantes de las policías militar y naval, así como de miembros de la actual policía federal. En ese orden. Adicionalmente se apunta que se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, quienes recibirán formación y adiestramiento en planteles militares de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana.
Se destaca que en planteles militares se dará la capacitación y el entrenamiento físico castrense a los integrantes de la Guardia Nacional. Y que esta, como encargada de prevenir y combatir el delito en todo el país, estará “dotada de la disciplina, la jerarquía y el escalafón propios de los institutos castrenses”.
Se observa, además, que “los institutos militares nacionales son los únicos que tienen el personal, la capacidad, el espíritu de cuerpo y las instalaciones requeridas para empezar a conformar la Guardia Nacional desde el próximo 1 de diciembre y, simultáneamente, a capacitar a los futuros integrantes de la institución”.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, señala al respecto: “Aún cuando se le quiere dar un empaque distinto y un rótulo distinto, la propuesta de López Obrador es seguir adelante y redoblar la opción militar para combatir a los cárteles [de la droga]”.
Y agrega que AMLO se conduce “peor aun que sus antecesores, porque si revisas la propuesta que hacían Calderón y Peña sobre la presencia de militares en la calles, se hablaba de algo ‘temporal’, algo ‘gradual’. Y ahora, la oferta de López Obrador es hacer a los militares una opción permanente, con un nombre distinto: los llama Guardia Nacional, pero vienen todos de la Marina, del Ejército, y algunos pocos de la Policía Federal, pero estarían funcionando todos ellos bajo control militar. [La Guardia Nacional] es una rama más de las fuerzas armadas”, sintetiza Vivanco en entrevista con Newsweek México desde Washington, D. C.
LEY CONTRARIA A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Otros expertos en derecho internacional consultados por este medio coinciden en que la propuesta es contraria a los estándares internacionales, pero también a las recientes observaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a México en el sentido de “fortalecer a las fuerzas civiles del orden y a establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.
De allí que, desde que la iniciativa se presentó en el Congreso –en el marco de la conmemoración de la Revolución Mexicana, justo cuando se oficializan los ascensos entre las fuerzas armadas–, diversas organizaciones nacionales e internacionales comenzaron a hacer público su rechazo.
Como país miembro de la ONU y la OEA, México está obligado a cumplir con los preceptos de dichos organismos. En ese ámbito, “los estándares internacionales son muy claros en establecer que las tareas de seguridad pública corresponden a fuerzas civiles, es decir, la policía, que además está bajo mecanismos de control civil. Y que a las fuerzas armadas por su forma, estructura y entrenamiento, el tipo de tareas que les corresponde es la seguridad en las fronteras, las eventuales situaciones de conflicto armado, pero no las tareas ordinarias de seguridad, y México debe cumplir con ello”, explica la abogada Angelita Baeyens, quien laboró en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de incumplir con los estándares internacionales, el plan que propone el nuevo gobierno de AMLO, consideran los expertos, no representa alternativas reales de mejora para los ciudadanos, pero sí altas probabilidades de que la situación empeore.
Así lo explica José Miguel Vivanco, de HRW-America: “López Obrador hereda de los gobiernos anteriores, tanto de Calderón como de Peña Nieto, una situación de derechos humanos desastrosa, y no únicamente por este motivo, pero sí en buena medida la situación es tan desastrosa debido a la utilización que hicieron sus antecesores de los militares, quienes están preparados para la guerra, pero no para tareas civiles. Y esos militares han contribuido y son responsables de ejecuciones, torturas y masacres de civiles”.
Los militares, continúa, “en cualquier parte del mundo están entrenados, educados y formados, y tienen toda la preparación y el armamento para una guerra, para un conflicto armado, y en una guerra, cuando se apunta a un blanco, es a matar. Pero hablamos de un enemigo, no de un civil. El militar en una guerra no está entrenado para dispararle a una pierna o asustar al enemigo, está preparado para matar.
“En cambio, los policías —puntualiza Vivanco—, en todas partes del mundo, están entrenados para capturar al delincuente, arrestarlo y someterlo al sistema judicial para que sea investigado. Esa diferencia es crucial porque usar a los militares en tareas que son propias de policías es lo que en la práctica ha provocado graves abusos; sobre todo militares que no están subordinados al control civil, como es el caso de los militares mexicanos, que por años además han utilizado la llamada jurisdicción militar para evadir sus responsabilidades para violaciones de derechos humanos. En este contexto, la verdad es que es muy delicado, es muy grave, es un error colosal el que el gobierno del presidente López Obrador decida redoblar la apuesta y seguir haciendo más de lo mismo, esta vez con una pequeña variación, pero que en la práctica es lo mismo, que es crear una Guardia Nacional”.
Angelita Baeyens destaca por su parte que “hay una correlación en el tipo de abusos y usos excesivos de la fuerza por parte de militares, con muchos de los abusos en derechos humanos en la región”.
Desde el Grupo de Investigación Análisis del Discurso Informativo sobre la Violencia en México (ADIVIM), que se dedica al análisis del discurso mediático, Araceli Pérez, doctora en Ciencias Políticas y Sociales, explica además que “hemos constatado que el sexenio de Calderón y el de Peña tuvieron un panorama similar que es el abuso de los derechos humanos por parte de las fuerzas castrenses en sus labores de seguridad pública y el aumento progresivo de homicidios violentos, enfrentamientos entre cárteles de la droga, desapariciones forzadas, fosas clandestinas, población desplazada por la violencia, y aumento de la participación de menores de edad en las estructuras criminales, entre otros. Por eso, de aprobarse esta propuesta, sería un retroceso democrático muy peligroso para todos, especialmente para los jóvenes”.
En el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del gobierno lopezobradorista se contempla también que la Guardia Nacional se coordine con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia de las entidades federativas y municipios, según sea el caso, así como con las demás autoridades de la federación que correspondan. Y se destaca que, en lo referente a delitos federales, podrá actuar como auxiliar del ministerio público. Esto, según los expertos consultados, hace incompatible su propia labor.
RIESGOS DE MAYOR VIOLENCIA
En la propuesta de ley del partido Morena para modificar diversos artículos de la Constitución se argumenta que en países europeos existen agrupaciones similares: la Guardia Civil española, la Gendarmería Nacional de Francia y el Arma de Carabineros italiana.
La diferencia, destaca José Miguel Vivanco, quien también ha sido abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA), es que “los carabineros en Italia, o incluso en Chile, y la Guardia Civil en España, no están bajo tutela del ejército, y no son exfuncionarios del ejército preparados para la guerra. Los carabineros en Chile durante la época de Pinochet estuvieron bajo tutela del ejército, pero una vez recuperada la democracia, están bajo control del Ministerio del Interior; y esta que se plantea en México es una opción militar en la que esta Guardia estará bajo tutela del secretario de la Defensa”.
Otro de los argumentos esgrimidos por los legisladores que defienden la propuesta y el presidente electo es el grave problema de corrupción de las policías. No obstante, la milicias han registrado también casos de corrupción y de cooptación del crimen organizado ampliamente documentados.
“La corrupción donde es estructural y sistémica, como es el caso de México y en la mayoría de países de América Latina, no distingue instituciones. Hay corrupción en la policía, en la judicatura, en la burocracia y por supuesto hay corrupción en las fuerzas armadas”, dice el jurista José Carlos Ugaz Sánchez, quien formó parte del comité de negociación de la Convención contra la Corrupción de la ONU.
Ugaz Sánchez, quien ha participado en litigios internacionales de alto impacto, tampoco ve con buenos ojos el proyecto que impulsa AMLO. Explica: “Las experiencias globales donde se ha involucrado a las fuerzas armadas en seguridad ciudadana han sido bastante desastrosas en el sentido de que no ha funcionado, porque los militares no están preparados para eso, tampoco para el control de la delincuencia y mucho menos en hacer inteligencia o investigar el crimen organizado. Lo que ha ocurrido en países donde eso se ha implementado es un aumento de la violencia, un descontrol de la represión, y también un incremento de las actividades criminales”.
–¿Qué impacto tendría para México este modelo?
–En el caso de México, que ya padece un problema de violencia estructural y fuera de control, sería apostar por una espiral que lo único que va a traer es más violencia y más impacto en términos de agresiones.
EJÉRCITOS NO HAN RESUELTO CRISIS
A partir de que en su mandato presidencial Felipe Calderón Hinojosa les asignó tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que se presentaron 3,147 quejas contra militares y se emitieron 130 recomendaciones.
En septiembre pasado se emitió otra recomendación para la Marina por la detención arbitraria, retención ilegal y tortura en agravio de 17 víctimas; por actos de violencia sexual en contra de 11 víctimas; cateo ilegal en contra de uno, privacidad ilegal contra cinco, todos estos delitos imputados contra personal naval en cinco entidades federativas.
Otros casos han escalado a instancias internacionales, donde se responsabiliza al Estado por esa mala conducta. La CIDH ha desahogado los casos de abusos militares en el Ejido Morelia, Chiapas; la ejecución extrajudicial de Mirey Trueba; la desaparición forzada del teniente Orlando Muñoz; la ejecución del indígena Gilberto Jiménez; la detención arbitraria, torturas y abuso sexual contra las hermanas Ana, Beatriz y Celia González.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha enjuiciado al Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla; la tortura de los ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel; la violación sexual de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández.
La costarricense Marcia Aguiluz, directora para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), es una de las abogadas que mejor conoce de los casos contra militares en el sistema interamericano.
En entrevista con Newsweek México comenta que, “además de las sentencias ya conocidas, ahora está el caso de un joven ejecutado extrajudicialmente en un retén militar, y justo va a dictarse sentencia este año. Y tenemos muchos más casos contra México, pero que todavía no han llegado a la Corte. Pero en todos los casos con sentencia en los que hemos participado hay el involucramiento de militares”.
Con tales antecedentes, considera que, de aprobarse el modelo de la Guardia Nacional militarizada, los casos contra México ante instancias internacionales también aumentarán. “Esto no es una preocupación abstracta, sino que, en los casos de personas víctimas de violaciones por parte de militares, la impunidad es casi del 100 por ciento”.
Como el Cejil trabaja en toda la región, Aguiluz tiene un diagnóstico preciso de lo que ocurre cuando a las milicias se les asigna tareas del orden público:
“La situación de crisis como la que existe en México no lo resuelve un ejército, como no lo ha resuelto en ninguna otra parte del mundo”, afirma contundente.
“En Honduras crearon algo similar: la policía militar de orden público, con toda una legislación que da a los militares atribuciones para operar en tareas de seguridad e investigación de delitos, y lo que pasó es que se incrementaron los abusos por parte de esta policía militar, mientras que las cifras de violencia sigue siendo altas. La ciudadanía tampoco se siente segura porque ha habido ejecuciones y detenciones arbitrarias —sobre todo en las protestas sociales—. Al final, esta policía que en Honduras está bajo mando del presidente se convierte, de alguna manera, en una policía política”.
“En Guatemala tampoco ha logrado disminuir las cifras de violencia; en El Salvador aumentó la presencia militar en las calles y generó desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Así que claramente esa no es la respuesta al problema, y más bien le darán a los militares el poder de intervenir en esta cotidianidad, y eso es más riesgoso”.
SÍ HAY OTRAS SOLUCIONES
Para distintos abogados especializados en derecho internacional sí hay otros salidas para la crisis de inseguridad que vive México.
José Carlos Ugaz Sánchez considera que se debe “reenfocar la estrategia de política criminal [para] que pase por una apuesta mucho más intensa en materia de inteligencia, es decir, de penetración de las organizaciones criminales, y captación de información a través de una red de personas que puedan ser colaboradores, antes que imponer modelos represivos que lo único que van a hacer es incrementar los índices de violencia”.
A su vez, José Miguel Vivanco plantea que “la solución está en el trabajo de largo plazo que es la creación de una nueva policía, pero una policía civil, que vaya gradualmente reemplazando al ejército, con entrenamientos y preparación para enfrentar a los cárteles, pero también para infiltrarlos, procesarlos judicialmente, enfrentar a los cabecillas, desarticular. No una estrategia militar, creyendo que militarmente vamos a derrotar al enemigo, que esa fue la política de Calderón completamente fracasada, la muestra es que la violencia sigue igual, los cárteles se multiplican y están más poderosos que nunca”.
En este momento, concluye Angelita Baeyens, aún “hay una oportunidad de revertir y que el gobierno electo reconsidere. Todavía puede dar un paso atrás, pero si se llegara a concretar —lamenta—, lo que sigue [es emprender] acciones legales, así como se plantearon en contra de la Ley de Seguridad Interior”.
