CDMX.- Animal Político/ Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.

Aunque Vega García nunca detectó irregularidades, Rosario Robles enfrenta ahora un proceso penal por no haber detenido La Estafa Maestra, es decir, que las dependencias a su cargo hicieran convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, y luego éstas subcontrataran a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció. Mecanismo que también ocurrió en otra decena de dependencias, entre ellas Pemex y Banobras.

Entérate: Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública

Como titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu, Vega García tenía la responsabilidad de encontrar las irregularidades incluso antes que la Auditoría Superior, pero no sancionó a ningún funcionario por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

Ni siquiera cuando la Auditoría Superior le emitió 15 “promociones de responsabilidades” para determinar sanciones contra funcionarios públicos que hicieron mal su trabajo, según demuestran las respuestas a solicitudes de información realizadas por Animal Político.

Pese a esos resultados, desde este 2019 Vega García fue integrado a la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, como director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría estatal.

Su puesto es una de las tres principales direcciones de la Contraloría, encabezada por Mercedes Santoyo Domínguez. Tiene a su cargo seis subdirecciones encargadas de la “integridad y responsabilidad de los servidores públicos, su situación patrimonial y ética”, entre otros puntos, de acuerdo con el organigrama del gobierno estatal.

Vega García comenzó su experiencia en la administración pública federal en 2004 como director de normatividad y la Secretaría de la Función Pública, luego estuvo en la Secretaría de Energía en 2009, como coordinador de proyectos en el Órgano Interno de Control.

Llegó a Sedesol en mayo de 2015 como titular del Órgano Interno de Control y cuatro meses después dejó el puesto para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles también fue reubicada a dicha dependencia. Ambos estuvieron hasta diciembre de 2018.

En su paso por Sedesol, personal a su cargo realizó un expediente en el que concluyó que los convenios de La Estafa Maestra realizados con las Universidades de Morelos y el Estado de México se hicieron correctamente y, por tanto, exoneró de cualquier responsabilidad a cuatro servidores públicos. Dicho documento ha sido utilizado por Rosario Robles como muestra de su inocencia.

Uno de los exonerados fue Emilio Zebadúa, el exoficial mayor de Rosario Robles contra el que la Fiscalía General de la República (FGR) sí abrió una investigación por el presunto desvío de 185 millones de pesos, la cual se encuentra congelada a la fecha gracias a un amparo concedido por un juez federal el pasado 27 de agosto.

Previo a la publicación de esta nota, Animal Político buscó a Miguel Ángel Vega por correo electrónico, llamadas telefónicas, y a través de comunicación social de la Contraloría General de Veracruz, pero no dio respuesta a la solicitud de entrevista.

Miles de millones desviados, cero sancionados

Entre 2013 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación emitió 15 promociones de responsabilidad administrativa a los OIC de Sedesol y Sedatu, a partir de cinco revisiones del presupuesto anual en los que detectó y denunció penalmente ante la FGR desvíos millonarios que acabaron en las cuentas de empresas fantasma.

El mecanismo de desvío detallado en los informes de la Auditoría, y que a la postre se conoció como La Estafa Maestra, consistió en que la Secretaría de Gobierno federal firmaba un convenio de colaboración con una universidad pública para que ésta realizara determinados servicios. Sin embargo, la universidad no cumplía con esos servicios y, a través de una violación a la Ley de Adquisiciones, entregaba el 90% del dinero a empresas fantasma, que tampoco daban servicio alguno, por lo que el dinero público desaparecía.

Por ello, en esas promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría instruyó a Miguel Ángel Vega para que investigara posibles “actos y omisiones” de los servidores públicos que “no supervisaron, verificaron ni validaron” los trabajos contratados por Sedesol y Sedatu a las universidades, ni vigilaron el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones.

Animal Político, por medio de una solicitud de transparencia pública, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública cuántos funcionarios de Sedesol y Sedatu fueron sancionados a partir de esas 15 promociones de responsabilidad administrativa, y cuántas de esas sanciones están hoy firmes, es decir, cuántas ya fueron ratificadas por un tribunal.

Además, también se solicitó el cargo del funcionario, o de los funcionarios sancionados, y en qué consiste la sanción -inhabilitación para ejercer la función pública por un determinado periodo de tiempo, sanción económica, etcétera-.

La respuesta de Función Pública fue que, a la fecha, esas promociones de responsabilidad no han dado como resultado alguna sanción por mal ejercicio del servicio público.

Es decir, no se sancionó a ningún servidor público, a pesar de que la Auditoría primero, y luego la investigación periodística La Estafa Maestra, documentaron que solo en Sedesol se desviaron presuntamente 2 mil 224 millones de pesos, a través de múltiples violaciones a la ley federal de adquisiciones. Mientras que, de nuevo la Auditoría en informes de la Cuenta Pública 2016, detectó nuevos desvíos en Sedatu, por al menos mil 747 millones de pesos.

Función Pública también informó por transparencia que, de las 15 promociones de responsabilidad de la ASF, el Órgano Interno de Control dio ‘carpetazo’ a cinco “por falta de elementos” para sancionar, y otra más fue cerrada porque “se determinó la prescripción de la autoridad para imponer sanciones”.

Las nueve restantes, todas correspondientes a las investigaciones en Sedatu, aún tienen el estatus “en investigación”, a pesar de que hay promociones de responsabilidad que fueron instruidas en 2015, hace casi cinco años.

Carpetazo a las investigaciones

Entre las investigaciones que fueron cerradas por “falta de elementos”, están las que hizo el Órgano Interno de Control de Sedesol a cuatro altos funcionarios de esa dependencia: Emilio Zebadúa, exoficial mayor; Humberto René Islas, entonces director de recursos materiales; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de adquisiciones.

Como el propio Miguel Ángel Vega, estos cuatro funcionarios son parte del equipo de Rosario Robles que pasaron de Sedesol a Sedatu. Los cuatro firmaron convenios cuando estuvieron en Sedesol, que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la Fiscalía por el presunto desvío de 850 millones de pesos.

La investigación periodística La Estafa Maestra, publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, documentó que entre las empresas beneficiadas por los cuatro funcionarios exonerados figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañía fantasma; es decir, como una sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simulaba operaciones comerciales para desviar recursos públicos.

La investigación del Órgano Interno de Control de Sedesol contra estos cuatro funcionarios inició en agosto de 2015, y poco más de un mes después concluyó con el resultado ya expuesto: se exoneró de toda responsabilidad a los servidores públicos por “falta de elementos”.

Rosario Robles, hoy en prisión preventiva como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, ha presumido públicamente en numerosas ocasiones el resultado de esta investigación, como prueba de que en su dependencia no se cometió irregularidad alguna.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la Secretaría de la Función Pública sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, por exonerar de manera injustificada a los cuatro funcionarios.

Además, organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa analizaron el trabajo del OIC-Sedesol en este caso, y llegaron a la misma conclusión que la Secretaría de la Función Pública: la investigación fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

Por ejemplo, las organizaciones detectaron que el Órgano Interno de Control de Sedesol hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución mexicana, a la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y a la Ley de adquisiciones, bajo las cuales se debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de Sedesol con las universidades.

“No hay evidencia de que el OIC haya hecho una investigación propia o diligencias para llegar a la conclusión de que no existen elementos suficientes para sanciones a servidores públicos de Sedesol”, concluyó México Evalúa sobre la indagatoria del Órgano Interno de Control.

A pesar de estas conclusiones, el único sancionado por la exoneración improcedente del OIC, a cargo de Miguel Ángel Vega, fue el titular de Quejas del OIC; un funcionario de rango medio que el día de hoy mantiene un proceso legal abierto ante la justicia para revocar la sanción de inhabilitación que le impuso Función Pública, por considerar que ésta fue injusta e infundada.

Los cobros de piso y las extorsiones por parte de miembros del crimen organizado son cada vez más frecuentes. Negarse a pagar o pedir ayuda a las autoridades correspondientes podría perjudicar a la o las personas que denuncien estos actos ilícitos. Anteriormente se sabía que los grupos delictivos sólo cobraban piso a los pequeños y grandes comercios, pero las cosas han cambiado. Según información del portal “De Peso”, el derecho de piso va también para los trabajadores de obra en Cancún, ya que según revela esta fuente, todos los albañiles de dicha obra tienen que pagar 500 pesos semanales o de lo contrario serán golpeados y en el peor de los casos asesinados.

Las autoridades y los encargados de obra tienen conocimiento sobre esta problemática, sin embargo, lo único que les dicen a los albañiles es que se cuiden y no se meten con esas personas. Pero si los albañiles no son los que se meten con los miembros del crimen organizado, son los miembros del crimen los que se meten con ellos. Es más posible que los encargados de obra estén coludidos con estos criminales y por ahí también cobran su mochada.

En un audio que grabara un infiltrado se revela que el jefe de obra dice a sus empleados que el cobro de piso esta fuera de control, además de que los delincuentes hablaron con todos los encargados de obra para que estos puedan vender droga en la construcción. Pues ya saben que hacer señores albañiles, acúsenlos con su mamá para que les jale las orejas a los delincuentes.

Reporta el portal Sociedad 3.0 que el día jueves 24 de octubre hubo al menos nueve ejecuciones en el estado de Veracruz. Nueve ejecuciones a seis meses de que el presidente López Obrador dijo que para estas fechas ya habría avances. Si bien es cierto, poco después de que López Obrador asegurara de que en octubre habría resultados, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Ciudadana señaló que el plazo era bastante prematuro.

Y así parece, pues a pesar de la estrategia de seguridad a nivel federal, a pesar de la Guardia Nacional, tan anunciada y celebrada, al menos en el sur de Veracruz los resultados no se notan. Veracruz sigue inmerso en la inseguridad y eso prueba otra cosa, la palabra de AMLO no es infalible; él se equivoca como cualquier ser humano, se equivoca más pues sus predicciones no le salen del racionamiento, sino del deseo y la emoción.

Por supuesto, los veracruzanos somos los más interesados en que a nuestro estado le vaya bien. Queremos recuperar la paz que hace varios sexenios perdimos. Pero no se ve para cuándo. Mientras tanto, tomemos nuestras propias precauciones, porque según nos damos cuenta, la seguridad en Veracruz depende de cada uno de nosotros.

Francisco De Luna / Xalapa, Ver. Como la «herencia maldita» calificó el activista por los derechos de los migrantes, el padre Alejandro Solalinde, a los gobiernos de los priistas Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa en torno a la violencia que ocurre en el estado de Veracruz.

Opinó con relación a las condiciones de inseguridad que se viven en la entidad y expuso que la violencia en el país es que aún no se «toca fondo«, porque se trata de un problema enorme que dejaron gobiernos anteriores.

Esto lo comentó durante la entrevista previa a la presentación de su libro «El Reino de Dios. Replanteamiento radical en la vida» en la ciudad de Xalapa.

Y es que fue cuestionado en torno a las masacres ocurridas en Coatzacoalcos, Minatitlán, Catemaco en el estado de Veracruz, así como lo ocurrido recientemente en Culiacán, Sinaloa con los ataques para la supuesta liberación de Ovidio Guzmán, hijo del «Chapo Guzmán«.

También indicó que las políticas migratorias deben replantearse en México, pues aún hay familias enteras que salen de sus países y forzosamente pasan por Veracruz por ser una de las rutas principales, por donde se ha notado aún más la presencia de niños.

También indicó que continúa el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, lo que representa una situación preocupante, pero consideró que México debería de apoyarlos mediante un programa de asilo que se podría iniciar en la entidad veracruzana.

De esta manera se quiere ayudar a seis familias de Haití y de África para que se establezcan en el territorio estatal, pero precisó que no se busca un ingreso masivo de migrantes debido a que esta situación no convendría al país.

Francisco De Luna / Xalapa, Ver. -El estado de Veracruz ocupa el tercer lugar a nivel nacional en juicios hipotecarios con un total de 7 mil 254 demandas, que han sido promovidas por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

De acuerdo con la representante legal de Barzón «Resitencia Civil«, Teresa Carbajal, desde esta organización defienden de manera legal y hacen las negociaciones con las instituciones bancarias para ayudar hasta donde sea posible para evitar que las familias pierdan sus patrimonios.

Tan sólo en lo que va de 2019, han sido interpuestas 645 demandas, de las cuales 208 ya se encuentran en etapas de remate o venta judicial forzosa, llevándose a cabo con éxito 187 audiencias.

También han ocurrido cuatro desalojos y 25 adjudicaciones a favor de los acreditados, refirió la representante del Barzón en Veracruz.

En cartera vencida a nivel nacional son 2 millones 390 mil 480 familias, y destacan los estados en el siguiente orden: Nuevo León, Tamaulipas, México, Jalisco, Baja California, Sonora, Coahuila y Veracruz.

En la entidad veracruzana son 132 mil 784 familias en cartera vencida.

Explicó que el día 13 de junio 2019 el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envió al Infonavit un exhorto para que este instituto desista a los juicios masivos que pudieran derivar en desalojos y ofrecer todas las facilidades de pago posibles para los trabajadores y evitar pierdan su patrimonio.

Sin embargo, lamentaron que a pesar de este anuncio continúan las acciones de cobranza judicial pues según las cifras están en trámite 80 mil 46 demandas.

Y el 26 de junio el Infonavit en sesión ordinaria, en el que aprobó dar facilidades de pago, pero al parecer estos acuerdos no se cumplieron.

Por ello Teresa Carbajal, indicó que desde Barzón se emplean acciones jurídicas para iniciar con las defensas y podrán comunicarse al 2281668005 y por medio de la página de internet www.elbarzonrc.org medios por los cuales los interesados podrán contactarse. Barzon de Resistencia Civil Estado de Veracruz A. C.

Hace poco en este espacio señalábamos el cochinero que se generó por la renovación del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), debido al descontento de la militancia. Pues resulta que se determinó aplazar definitivamente el proceso interno del partido por esas irregularidades presentadas, por lo que se deberá de reanudarse hasta que haya una reafiliación y, por lo tanto, un padrón que dé confianza a los militantes.

La dirigente Yeidckol Polevnsky, quien no quiere soltar el hueso, señaló que la mayoría tomó la decisión después de evaluar las primeras cuatro asambleas que produjeron más de 65 suspensiones, así como impugnaciones y denuncias contra la militancia. Polevnsky indicó que tanto el padrón y el proceso están impugnados, por lo que sentenció que no hay condición alguna para continuar, pues el proceso “está viciado de origen”.

Y es que se corre el riesgo que la sangre llegue al río, debido a que en algunas asambleas ha habido hasta balazos. No por algo el propio presidente señaló que se castigará a los funcionarios que quieran meter mano en el asunto. Por lo pronto se suspendió la función estelar de la 4T.

Muy interesante lo que revela el reportero de MVS Noticias Óscar Balderas en el noticiero de Luis Cárdenas Palomino. Óscar Balderas señala que el operativo fallido para capturar a Ovidio Guzmán fue precipitado por las presiones del gobierno norteamericano. El reportero revela que el día 11 de octubre una delegación de agentes de la DEA llegó a Sinaloa para reunirse con autoridades estatales y federales.

Lo que la delegación norteamericana vio los alarmó demasiado pues descubrieron un laboratorio gigante que producía toneladas mensuales de anfetaminas y otras drogas. Ante esa circunstancia el gobierno norteamericano exigió la cabeza del responsable de ese laboratorio que estaba cerca de Culiacán, y el responsable era Ovidio Guzmán.

El reportero habla de sus fuentes, de sus contactos y de cómo el gobierno mexicano se vio en la necesidad de apresurar un operativo que finalmente resultó fallido pues no conocían la capacidad de respuesta del Cártel de Sinaloa. Por cierto, un detalle que le llama la atención al reportero es que en ese operativo se excluyó a la marina.

El reportaje va acompañado de fotografías en donde se ve a la delegación norteamericana custodiada por el Ejército. También se ve el laboratorio desmantelado, el helicóptero en el que se trasladaron y las declaraciones del gobernador de Alabama, que acompañó a la delegación, diciendo que estaba asombrado de la capacidad que tiene el Cártel de Sinaloa para procesar droga. Interesante y a ver que tiene que decir el gobierno de López Obrador.

Qué manera tan eufemística de emitir un comunicado. El Gobierno de la República explica que la mañana de este martes, los alcaldes arribaron a Palacio Nacional y que a pesar de que en un primer momento fueron recibidos por gente de Atención Ciudadana, los alcaldes y diputados, tanto del PAN como del PRD, quisieron entrar a la fuerza por la Puerta Mariana. El gobierno dice que los inconformes pusieron en riesgo a personal que laboraban en Palacio y por ello los rociaron con gas lacrimógeno.

Pero cheque usted la manera elegante que tiene la Cuarta Transformación de decirlo: «Con fines disuasivos se dispersó una dosis moderada de aerosol defensivo natural en el ambiente que no puso en riesgo la vida de ninguna persona». Pero, ¿a quién se le ocurre usar gas lacrimógeno en contra de la gente que busca audiencia con el presidente López Obrador, y más si son alcaldes o diputados con fuero.

Ahora los diputados salieron a decir que México ya es como Venezuela: «No podemos dejar pasar esto, esto es un escándalo a nivel internacional, donde el gobierno de la República les avienta gas lacrimógeno a los y las presidentas municipales. Esto lo hemos visto ya en países como Venezuela… y sabemos lo que está pasando en Venezuela». ¡Están viendo que el chamaco es chillón y todavía van y lo pellizcan!

No sólo encontraron droga en Tepito, también incautaron armas, dinero en efectivo y detuvieron a 31 personas. Pero el hallazgo más macabro que encontraron fue un altar dedicado al diablo. En ese altar satánico, además de amuletos, cruces, calaveras, machos cabríos y máscaras, también encontraron restos humanos. De acuerdo con algunos de los vecinos, en ese lugar cada tercer día se reunían los líderes de la Unión Tepito para realizar rituales de iniciación y de protección.

Esos rituales tenían la finalidad de que al iniciado lo blindaban para que no le entraran las balas. Cabe mencionar que entre los narcotraficantes es común este tipo de altares y rituales.

Tan sólo a finales de los años 80’s se documentaron las actividades de los famosos narcosatánicos, Adolfo de Jesús Constanzo, El Padrino y su secretaria y asistente, Sara Aldrete, La Madrina, quienes también tenían la creencia de que estaban protegidos y de que las balas no los atravesarían; pero los atravesaron y ahora son parte de la historia. Por cierto, en 2019 se cumplieron 30 años de su muerte.

Desde el anonimato que ofrece la serranía, y de andar a salto de mata por un pedido de extradición que han solicitado el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ovidio Guzmán López, hijo del célebre Chapo Guzmán, ha pasado a ser una figura famosa. En los anales del narco, pasará como el hombre que doblegó al gobierno de la 4T. Una jugada magistral de los hombres de Guzmán López, puso contra la pared al ejército y, a los elementos de la Guardia Nacional, resulta que cuando los elementos castrenses, ya habían logrado capturar al hijo del Chapo Guzmán.

Los familiares de los propios militares, eran el blanco de lanza granadas y poderosos cohetes; en ese preciso momento se determinó dejar en libertad a su preciado huésped. Hoy la andanada de críticas contra el presidente de México no ha cesado, algunos piden que López Obrador renuncie a la presidencia, como es el caso de los senadores panistas. Sin embargo, poco se ha hablado del resultado de esa decisión. El propio mandatario ha señalado que no vale la pena la captura de un delincuente, si se pierden preciadas vidas.

Algunos medios, se han solidarizado con esa postura, y el propio Ejército ha cerrado filas con el mandatario federal. Sin embargo, lo que es cierto es que esta decisión ha causado grandes controversias, no solo en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Algunos tachan al gobierno de AMLO, como un gobierno vencido por el narco. Ya veremos en las semanas siguientes, como le hará el presidente para remediar esta polémica situación. Por el momento su majestad Ovidio, disfruta de la gloria de la fama y popularidad, que en algún momento gozó su padre.

Xalapa, Ver.- Empleados del laboratorio estatal denuncian desabasto de reactivos para determinar diagnóstico de dengue y demandan al gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez tome cartas serias en el asunto, antes de que se registren mayores muertes por dengue en la entidad, ya que hay 20 casos confirmados, pero podrían ser mas.

La carta dice lo siguiente:

Pese a que el Secretario de Salud, Dr. Roberto Ramos Alor no ha declarado emergencia epidemiológica generada por Dengue por estar en una franca campaña política por un escaño federal o estatal  y ante la grave crisis de salud que se presenta en el Estado de Veracruz, ocupando el primer lugar a nivel nacional en casos registrados, de acuerdo a datos de la Secretaria de Salud Federal, con más de 6,600 personas contagiadas y más de 20 fallecimientos entre hombres, mujeres y niños; ahora se da a conocer un nuevo problema al interior de la Secretaría de Salud, que es el desabasto de reactivos para determinar el diagnóstico para Dengue.

Llo anterior debido a que en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, perteneciente a la Secretaría de Salud de Veracruz y quién se encuentra a cargo de su nuevo Director César Isaac Bazán Méndez, sin experiencia en la administración pública y mucho menos epidemiológica, es el responsable de estar recibiendo diariamente de 700 a 800 muestras de pacientes de todo el Estado para el diagnóstico de Dengue.

Sin embargo, no cuenta en éstos momentos de emergencia con los insumos básicos para poder emitir resultados oportunos y confiables ante la contingencia epidemiológica causada por dengue y actualmente tiene un rezago de más de 4,700 muestras congeladas sin procesar y, obviamente, sin emitir resultados.

Dicho rezago en las muestras no procesadas es un hecho muy comprometedor, ya que los pacientes no cuentan con un diagnóstico oportuno y veraz para el tratamiento de Dengue, sea éste grave o no grave, es decir, la población veracruzana NO ESTÁ RECIBIENDO UN RESULTADO CONFIABLE PARA SU TRATAMIENTO EN TIEMPO Y FORMA, debido al desabasto de reactivos e insumos necesarios para procesar muestras de Dengue, las cuales se acumulan por cientos día con día.

Tal atrocidad e ineptitud jamás se había presentado en dicho Laboratorio Estatal, el cual siempre se había caracterizado por estar en los primeros lugares a nivel nacional y calificado como un Laboratorio de Primer nivel, ganador de premios a la Excelencia en dos ocasiones, Certificado, Acreditado y Tercer Autorizado, por lo que una vez más en ésta 4T se da la improvisación, ineptitud y falta de experiencia, tanto del Director Bazán Méndez como del mismo Secretario Ramos Alor para resolver el rezago demostrando que los cargos sobrepasan sus capacidades, quienes a prueba y error siguen tratando de aprender, arriesgando la vida de miles de veracruzanos al recibir muestras diariamente sin tener la capacidad de emitir resultados confiables de Dengue en el período que se necesitan entregar para poder diagnosticar y tratar, omitiendo lo establecido por el Decreto de Creación del Laboratorio Estatal, el cual es el coadyuvar en la vigilancia epidemiológica y sanitaria del Estado de Veracruz.

Es lamentable todo lo expuesto, demeritando las metas y objetivos del Laboratorio Estatal de Salud Pública, pasando de la excelencia a un simple botín para los nuevos funcionarios de salud, puesto que también ven en el Laboratorio Estatal una oportunidad para elaborarse una fama como “investigadores”, utilizando recursos, datos y personal adscrito para su propio beneficio, saltándose todos los protocolos éticos y normativos para el uso de información, con la anuencia de Ramos Alor y el Director del Laboratorio Estatal, el cual ha autorizado que se faciliten la entrega de las bases de datos de resultados emitidos durante el presente año 2019 al Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Bartolo Avendaño Borromeo, otro improvisado inexperto de la 4T.

Avendaño Borromeo, juega al terrorista amenazando con clausurar a todos aquellos comercios y empresas que caen dentro de su jurisdicción, cobrando multas al ton ni son, un vulgar cobro de piso con permiso del candidato / Secretario Ramos Alor. Todo esto genera la pregunta ¿Y entonces la vigilancia epidemiológica del Estado de Veracruz bajo la responsabilidad de quién está?

Demandamos la intervención inmediata del gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez, para que tome cartas serias en el asunto, antes de que Veracruz continúe reportando muertos por la severa epidemia de dengue que ya existe a causa de la corrupción desmedida que se apoderó de los funcionarios de la Cuarta Transformación en Veracruz. Pura decepción.

Empleados del laboratorio que omiten nombres por temor a represalias.

El nombre más popular al momento en Culiacán, Sinaloa es el de Ovidio Guzmán López, pues luego de su liberación por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el nombre Ovidio está en boca de todos y al parecer abre todas las puertas. Aunque para cierta parte de México “El Chapito” solo significa una plaga más que debe ser exterminada, para otros el nombre Ovidio es ocupado para fines propios, pues en redes sociales se muestra un vídeo en el que un sujeto, para evitar ser revisado por un retén de policías simplemente dice “Somos gente de Ovidio” y el policía, con lampara en mano, al escuchar esas palabras le da el paso automáticamente librándose de una revisión policiaca.

El vídeo con poco más de once segundos muestra el poder del hijo del Chapo Guzmán, pues con tan solo escuchar el nombre Ovidio los policías prefieren hacerse de lado. Dicha grabación causó gran indignación entre los usuarios de Twitter, pues no podían creer que el policía con la lampara dejara el paso libre así porque sí al tipo que dijo ser gente de Ovidio.

Este tipo de situaciones pone a pensar si Culiacán pertenece o no al Cártel de Sinaloa. Las autoridades señalan que el control lo tiene el estado, que quien manda ahí es el gobierno. Pero como nos podemos dar cuenta en el video, todo indica que los nombres Ovidio, Iván Archibaldo y Joaquín “El Chapo” Guzmán todavía abren puertas, retenes y oficinas de gobierno.

En el primer mes como fiscal espuria de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns ha demostrado que una cosa es hablar y otra cosa es actuar. Es su actuación lo que ha dejado mucho que desear, pues Veracruz, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz sigue siendo primer lugar en secuestros y en feminicidios. De hecho, comparado con el último mes que estuvo Jorge Winckler al frente de la Fiscalía, los secuestros en la época espuria se han disparado.

En septiembre se registraron 31 víctimas de secuestro, comparadas con las 22 víctimas de secuestro en agosto; 11 secuestros más en la era espuria de Giadáns. En el caso de feminicidios se pasó de 11 casos a 15 casos, lo que significa un aumento. Vale señalar que mientras Winckler era el fiscal el gobernador del estado responsabilizaba de esos números al fiscal, con quien siempre estuvo confrontado.

Pero ahora, tomando en cuenta que la incidencia delictiva no baja, ¿con qué va a salir el gobernador? ¿A quién le va a echar la culpa? Por otro lado, nada indica que la labor de la fiscal espuria habrá de mejorar.

Verónica Hernández está más que rebasada en el cargo, la señora no sacaría a un borracho de la cárcel y no metería a un homicida confeso a la cárcel, porque la suya siempre fue una labor administrativa, de archivera. Vaya ridículo en el que quedan tanto el Cuic como la espuria; y esto pone en riesgo la seguridad de todo un estado.

Basada en información de distintos medios de comunicación como Vanguardia, esta mañana se supo que tras el fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se reveló que todo comenzó hace unas semanas, cuando un equipo de la Guardia Nacional interceptó comunicaciones por radios y localizaron la ubicación de donde vive la novia de Ovidio. Se detalló que el operativo fallido, donde pretendía detenerse a Ovidio, ocurrió en el domicilio de su novia, ubicado en un lujoso fraccionamiento de Culiacán.

Se trata del fraccionamiento Tres Ríos, que a su vez forma parte del Desarrollo Urbano Tres Ríos, que tiene por objetivo la recuperación de terrenos cerca de los ríos Humaya, Tamazula y Culiacán. El exclusivo fraccionamiento se ubica a unos minutos de la sede de la Fiscalía General de Sinaloa. De acuerdo con Univisión y Sin Embargo, las casas del fraccionamiento cuentan con 307 metros cuadrados y una plusvalía de más de siete millones de pesos.

La periodista de Univisión Peniley Ramírez expuso que las autoridades habían estado siguiendo los pasos de la pareja de Ovidio, de quien Ramírez no dio a conocer su identidad, y dijo «hay una persona que al parecer tiene una relación con él y fue la primera persona localizada, según autoridades federales, la casa donde ocurrieron los hechos, pertenece a esta mujer», expresó la comunicadora de Univisión.

A través de redes sociales, un exmilitar ha sido denunciado por su presunto vínculo con la familia de El Chapo Guzmán y ser pieza clave para liberación de Ovidio Guzmán. Se trata de José Adolfo “N”, mejor conocido como Pepe Sierra, quien de acuerdo con las denuncias es jefe de sicarios de Iván Archivaldo Guzmán, alias El Chapito, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa. Las investigaciones señalan que Pepe Sierra, el día en que agarraron a Ovidio Guzmán, fue el que dio la ubicación de los domicilios de los familiares de los soldados. La orden era asesinar a los familiares de los elementos del Ejército en caso de que no se llegara a ningún acuerdo para la liberación del hijo del Chapo Guzmán.

Aseguran que José Adolfo “N” es desertor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en donde pertenecía al Tercer Batallón en Sinaloa, pero fue dado de baja. Ahora está al servicio del Cártel de Sinaloa, cuyo principal centro de operaciones está en Culiacán.

Realmente nadie sabe por qué José Adolfo decidió abandonar el Ejército para unirse a las filas del Cártel de Sinaloa, pero diversos rumores aseguran que le habrían ofrecido una gran suma de dinero a cambio de sus servicios.

Un alumno de la secundaria Técnica 1 de Villahermosa, Tabasco grabó un primer video teniendo relaciones sexuales dentro de su escuela y se le hizo un primer llamado de atención; incluso se le pidió a él y a quienes participaron en la grabación que buscaran ayuda profesional. Pero no buscaron ayuda profesional, antes bien, 10 días después volvió a difundirse un video con el mismo alumno teniendo relaciones sexuales en la escuela.

Al enterarse los padres de familia exigieron un alto a este tipo de conductas que ponen en riesgo a sus propios hijos. La decisión se tomó desde la Secretaría de Educación de Tabasco. El director de la escuela, así como el prefecto fueron separados de sus cargos, algo que pareció injusto a sus compañeros de trabajo quienes se manifestaron para que se restituyera a ambos.

Por su parte, el alumno que aparece en esos videos fue expulsado de la escuela. Toca a sus padres poner una disciplina a su hijo o en todo caso solicitar ayuda de profesionales para que lo ayuden para desterrar ese tipo de conductas en un menor de edad.

Un cochinero, un verdadero batidero de estiércol, desde madrazos, mentadas de madre y uno que otro piquete donde no entra la luz, se dieron en las asambleas para renovar las dirigencias distritales de Morena. Ya sacaron el cobre los candidatos a delegados de Morena, muchos que no tenían para el camión, ya probaron el poder y les gustó, por eso se han dado hasta con la cubeta por ocupar los tan codiciados puestos.

Muchas de estas asambleas tuvieron que ser canceladas, al menos en territorio jarocho el representante de Morena ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), Gabriel Ovando Zúñiga, confirmó la suspensión de al menos ocho asambleas donde no existían las condiciones de seguridad para la elección de los delegados.

Entre los municipios que se han dado de madrazos y donde varios sujetos impedían a los afiliados votar libremente, se determinó suspender dicho proceso, como en Pánuco, Tuxpan, Papantla, Martínez de la Torre, Huatusco, Minatitlán, Córdoba y Cosoleacaque.

Por ejemplo, la doctora Mariela Hernández, encargada del Hospital Gral. Pedro Coronel, está más preocupada por imponer a sus corifeos como delegados, que en resolver las carencias que tiene ese hospital de Las Choapas. Ni hablar, esos son los dignos representantes de la Santísima Cuarta Transformación.