Marihuana legal en EE. UU.: ¿De cuál fuman los republicanos?

De pronto, conservadores a ultranza como John Boehner y Greg Abbott están completamente a favor de legalizar la marihuana. ¿Se deberá a los potenciales beneficios a la salud, como dicen ellos, o en realidad tratan de ganarse a los votantes jóvenes?

 

Jason Isaac, texano de cuarta generación y representante conservador del estado, tiene un recuerdo muy claro de su primer contacto con la marihuana.

Fue en enero de 2015, y el edificio del Capitolio de Texas hervía en legisladores que regresaban al trabajo. Dos mujeres lo esperaban frente a su despacho, sentadas en un hueco de la escalera. Isaac se sentó con aquellas votantes de su distrito para escuchar sus historias. Una tenía un hijo con epilepsia intratable y el hijo de la otra tenía autismo grave. Ambas explicaron que sus niños sufrían de convulsiones incontrolables, en las que lesionaban y lastimaban a sus familiares. Los medicamentos recetados no contenían los ataques y las madres le pedían libertad para probar algo nuevo. Informaron que era posible aliviar las convulsiones con cannabidiol (CBD) —compuesto de la marihuana que no tiene efectos psicoactivos—, pero violarían las leyes de Texas si lo administraban a sus hijos.

Por su parte, Isaac sabía que, si tomaba cartas en el asunto, violaría los principios del Partido Republicano (GOP).

Desde hace décadas, la legalización de la marihuana ha sido tema tabú en Washington; y, particularmente, en la política republicana. Según la postura que encarna el fiscal general, Jeff Sessions, el partido considera que el cannabis es una droga peligrosa que contribuyó a la decadencia de la moral cristiana, y que debe ser controlada con vigilancia policial estricta. El propio Sessions ha declarado: “La gente decente no fuma marihuana”.

Hace unos cuantos años, cualquier legislador conservador que hablara de la marihuana se convertía en paria y si apoyaba la legalización cometía suicidio político, pues su postura se interpretaba como abandono de la arraigada identificación republicana con los valores tradicionales y la guerra contra las drogas. Y ese estigma era más fuerte en Texas que en cualquier otro estado.

Pero, al aumentar los experimentos estatales de legalización, así como la cobertura mediática sobre los presuntos beneficios de salud de la marihuana, con los consiguientes cambios en la opinión pública y la demografía, los republicanos —algunos de los cuales se habían jactado de posturas inamovibles— comenzaron a ablandarse.

Otro caso que conmovió a Isaac fue cuando el Servicio de Protección de Menores investigó a un padre que administró vapor de marihuana a su hija de 17 años durante una violenta crisis convulsiva. El video viral muestra a la muchacha golpeándose repetidas veces la cara; entonces, el padre utiliza la droga y la adolescente se tranquiliza casi al instante. “¿Les parece que este hombre es un criminal?”, preguntó Isaac a sus colegas, después de presentar el video durante una sesión legislativa en 2017. “Porque, para el estado de Texas, lo es”.

Ese mismo año, Greg Abbott, gobernador republicano de Texas, aprobó la Ley de Uso Compasivo, permitiendo que los pacientes que cumplan con los requisitos, tengan acceso al cannabis con bajo contenido de tetrahidrocannabinol (THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana).

Luego, en junio de 2018, durante la convención del Partido Republicano celebrada en San Antonio, casi 10,000 políticos conservadores votaron por revisar la plataforma partidista para la marihuana. Los cambios incluyeron respaldo para el cáñamo industrial, despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de marihuana, e instar al gobierno federal a reclasificar el cannabis de una droga de Categoría 1 a una sustancia Categoría 2.

Aunque la postura sigue siendo la más conservadora de la política estadounidense sobre la marihuana, dichas modificaciones señalaron un cambio importante respecto de la política GOP de hace algunos años, e indican que está ocurriendo una transformación entre los votantes y los funcionarios republicanos de todo el país.

Son varias las motivaciones. Algunos, como Isaac, cedieron ante los argumentos sobre las aplicaciones medicinales. Para otros, el cambio es un esfuerzo de reforma penal después de tantos años de discriminación racial. Ciertos legisladores conservadores promueven las modificaciones en la política para la marihuana en nombre del federalismo y el pequeño gobierno, y otros dicen que podría ser la única solución bipartidista que aún le queda al Congreso. Con todo, los republicanos no pueden negar que la legalización de la marihuana es muy popular entre los votantes más jóvenes y diversos, quienes podrían contribuir a la supervivencia del partido.

UNA “CULTURA BAJO ATAQUE”

Los republicanos —sobre todo los texanos— tienen una larga tradición de intentos para erradicar la marihuana. El Paso fue la primera ciudad estadounidense que vedó la sustancia: en 1914, aprobó una medida que prohibía, estrictamente, la venta o posesión de cannabis en cualquiera de sus presentaciones. La medida fue una desesperada reacción estatal ante la inundación de inmigrantes que, planta en mano, cruzaban la frontera sur para escapar a la violencia de la Revolución Mexicana.

El cannabis se convirtió en símbolo del temor que causaban los hispanohablantes recién llegados y, en breve, políticos y diarios empezaron a describir el uso de cannabis entre los mexicanos como “la amenaza de la marihuana”. En 1927, The New York Times publicó un artículo titulado “Familia mexicana enloquece”, donde resaltaba la supuesta tragedia de una madre viuda que, presuntamente, enloqueció debido al consumo de marihuana.

Esta droga recibió la clasificación federal de narcótico Categoría 1 a principios de la década de 1970, justo cuando los afroestadounidenses alcanzaban una mayor igualdad con el movimiento por los derechos civiles. No obstante, las detenciones por delitos no violentos relacionados con drogas diezmaron a las comunidades negras, al extremo de que, hoy día, casi 80 por ciento de las personas internadas por esos crímenes en las prisiones federales son negros o latinos. De hecho, en 2010, más de 50 por ciento de todos los arrestos por drogas tuvieron relación con la marihuana.

Aunque pocos asuntos se dirimen con celeridad en Washington, D. C., expertos y legisladores concuerdan en que el apoyo para la marihuana ha crecido de manera extraordinariamente rápida: desde 2012, alrededor de 30 estados legalizaron alguna forma de marihuana, y nueve estados han permitido su uso recreativo. Los residentes del estado de Washington pueden ordenar marihuana a domicilio con tanta facilidad como una pizza. En estados como Colorado y Oregón, los negocios de mota ya superan la cifra de establecimientos Starbucks.

William Weld, exgobernador republicano de Massachusetts, ha calificado el repentino cambio de la actitud republicana frente a la marihuana como un “movimiento tectónico”. Y sabe de qué habla, pues Weld es miembro de la junta directiva de una compañía de cannabis, donde también figura John Boehner, expresidente de la Cámara de Representantes quien, en 2009, declaró estar “permanentemente opuesto” a descriminalizar la hierba.

 

En abril, Boehner y Weld anunciaron sus nuevos cargos en Acreage Holdings, corporación multimillonaria con operaciones de cultivo, procesamiento y distribución en 12 estados, y planes para seguir expandiéndose. La compañía ha resaltado la “experiencia inigualable” de este dúo.

Era esperable, al menos en el caso de Weld. En 1991, el exgobernador emergió como una voz solitaria a favor del cambio de políticas sobre la marihuana. Estaba tan aislado en su apoyo para el cannabis, que los republicanos ni siquiera se molestaron en reaccionar. Pasarían décadas antes de que la movilización popular por la legalización llamara, seriamente, la atención de los círculos conservadores.

Por su parte, Boehner hizo carrera en el gobierno federal como enemigo implacable de la marihuana. En 1999, votó a favor de prohibir el cannabis medicinal en Washington, D. C. e informó a sus votantes que se oponía, tajantemente, a la legalización de cannabis o cualquier otra sustancia de Categoría 1 (distinción que también tienen la heroína y el éxtasis). El congresista de Ohio reiteró esta resistencia en septiembre de 2015 cuando estaba por concluir su periodo como presidente de la Cámara. Durante los cuatro años que Boehner dirigió el Congreso, cerca de medio millón de personas —casi todas negras o latinas— fueron arrestadas por vender marihuana.

Boehner reveló a Newsweek que, a lo largo de su servicio en la Cámara de Representantes, vio que un estado tras otro celebraba referendos para aprobar la marihuana medicinal (y en algunos casos, el uso recreativo); y que, a pesar del creciente apoyo, jamás pensó en hacer algo a escala federal.

“Pero creo que soy como la mayoría de los estadounidenses. Me opuse terminantemente hace años y, con el tiempo, mi perspectiva empezó a cambiar”, explica. Nunca contempló unirse a la mesa directiva de Acreage Holdings, pero cambió de parecer en el último momento porque es “lo correcto” (por supuesto, conforme crezca el mercado de la marihuana, Boehner también recibirá ganancias muy decentes de la empresa).

Noventa y cuatro por ciento de los estadounidenses apoya la marihuana medicinal y dos de cada tres adultos opinan que el cannabis debe legalizarse para usos recreativos. Encuestas recientes revelan que la postura favorable a la marihuana ha crecido más de 30 por ciento desde el año 2000. Más de 60 por ciento de los votantes republicanos menores de 40 años aprueba la despenalización, si bien los conservadores de mediana edad están divididos en el tema de la legalización mientras que la generación más añosa se opone, en una proporción de más de dos a uno.

Uno de los argumentos más elementales del apoyo público para la marihuana es que mucha gente la usa. Y quienes no lo hacen, casi siempre conocen a un usuario (a veces, los políticos republicanos que eligieron).

El representante Dana Rohrabacher, conservador de California que defendió el esfuerzo de legalización en su estado, dijo a Newsweek que al inicio de sus años veinte tuvo un periodo de dos años en los que fumó hierba de manera habitual (no todos los días, aclaró de inmediato, añadiendo en broma que era más un “hombre de tequila” que un marihuano). Rohrabacher asegura que fue hasta hace poco que volvió a utilizar marihuana, cuando recurrió al cannabidiol para aliviar el dolor de un reemplazo de hombro.

Los funcionarios electos se dan prisa en señalar que el creciente apoyo refleja la creencia, cada vez más generalizada, en los beneficios de salud. Rohrabacher señala que, durante décadas, la Universidad de Mississippi fue el único laboratorio federal encargado de las investigaciones en marihuana, y que ahora hay cada vez más laboratorios clínicos en todo el país donde estudian sus propiedades, incluyendo su acción para tratar el dolor y sus efectos en las tareas cotidianas, como conducir un auto o usar un iPad.

Los defensores de la marihuana pregonan su versatilidad. Los proponentes afirman que la planta puede estimular el apetito o actuar como antiinflamatorio, analgésico o broncodilatador. Algunos aseguran que la necesitan para dormir; y otros más la usan para aliviar problemas tan inofensivos como el hipo. Sin embargo, muchos de los presuntos beneficios de salud no se han comprobado científicamente, pues su clasificación como sustancia ilegal dificulta las investigaciones.

Legisladores como Boehner y Rohrabacher, quienes argumentan los beneficios médicos poco estudiados, insisten en que los republicanos tienen que “quitarse del camino” y permitir que se realicen experimentos científicos.

La confesión de Rohrabacher de utilizar cannabidiol fue sorprendente. El californiano señala que siempre ha creído que la lucha de los conservadores contra la marihuana nunca ha tenido relación con el gobierno o la política: es el campo de batalla en la guerra de las culturas.

“Soy cristiano y llevo un estilo de vida conservador. Estoy casado, no engaño a mi esposa, y tenemos tres hijos adorables”, dice Rohrabacher, repitiendo el argumento antimarihuana que los republicanos han esgrimido durante décadas. Sin embargo, el movimiento de contracultura terminó por marginar a los conservadores y la marihuana quedó atrapada en el fuego cruzado de lo que el congresista llama la “reacción irracional” del GOP.

Agrega que tampoco los beneficia el hecho de que el Congreso siempre haya reflejado las normas de la década anterior. Aunque ahora parece que el gobierno está poniéndose al día con una política de drogas que los estadounidenses han exigido durante años.

EL “EXPERIMENTO”

En 2016, mientras Donald Trump soltaba una andanada de polémicas declaraciones de campaña, los defensores de la marihuana se sintieron alentados por su aparente amplitud de criterio respecto del cannabis. Es más, durante una entrevista para un programa de la radio de Michigan, dijo que apoyaba la marihuana medicinal, y añadió que cualquier otra plataforma de políticas debía quedar en manos de los estados.

Transcurridos cuatro meses en la Oficina Oval, Trump hizo su primera declaración presidencial respecto al tema de la marihuana a escala federal. Desesperado porque aprobaran su presupuesto de 1.1 billones de dólares, Trump autorizó una medida —creada por Rohrabacher— prohibiendo que el Departamento de Justicia enjuiciara los negocios de marihuana medicinal en estados que habían legalizado la hierba. Y así, el resto de 2017 resultó muy fructífero para el mercado legal, con ventas que alcanzaron los 10 mil millones de dólares: un incremento de 33 por ciento respecto de 2016.

El único impedimento era Sessions. Rohrabacher asegura que el fiscal general ha sido una “catástrofe”, mientras que otros opinan que el nombramiento de Sessions fue un obstáculo evidente e inmediato para cualquier mercado de marihuana. Después de todo, en alguna ocasión Sessions comentó, acerca del Ku Klux Klan: “Pensé que eran gente decente hasta que me enteré de que fumaban marihuana”.

El exsenador de Alabama provocó una crisis en la industria al anunciar que los fiscales federales tenían la autoridad para decidir si presentaban cargos por violación de la legislación federal contra los cultivadores, vendedores o usuarios de marihuana.

La medida enfureció a los principales legisladores de los estados donde la mayoría votó por legalizar la droga. El senador Cory Gardner, republicano por Colorado, juró que bloquearía a los candidatos presidenciales al Departamento de Justicia hasta obtener un compromiso de que no transgredirían los derechos de su estado. Gardner dijo a Newsweek que, en abril, durante una reunión informal con el presidente, este señaló que dejar la legislación de cannabis a los estados era “lo correcto y no vamos a dar marcha atrás”.

Por ello, Gardner y Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, redactaron el anteproyecto para el Fortalecimiento de la 10ª Enmienda (STATES, por sus siglas en inglés), legislación que impediría que la autoridad federal proceda judicialmente contra usuarios o vendedores de marihuana en los estados que hayan legalizado dichas acciones. “Estamos considerándolo, pero sí, es probable que terminemos por apoyarlo”, dijo Trump en junio, en una declaración para la prensa que propinó un fuerte golpe a Sessions.

En esta era polarizada, la propuesta tiene un alcance bipartidista impresionante. Cinco conservadores y cuatro liberales copatrocinaron la legislación en el Senado, incluidos un par de nombres que jamás se mencionan en el mismo bando de una legislación: Jeff Flake y Cory Booker. La propuesta tiene un “atractivo transversal” significativo, apuntó Gardner, quien espera que el impulso del anteproyecto aumente después de las elecciones de medio periodo.

Con todo, la colaboración bipartidista no es tan importante para los republicanos como el esfuerzo de garantizar los derechos de sus estados en lo referente a las políticas sobre marihuana. “Es un experimento en federalismo”, enfatiza Gardner. “Los republicanos que siempre han defendido los derechos de sus estados pueden aprovechar este momento para demostrarlo”.

Se refiere a que, finalmente, los conservadores podrán demostrar el éxito del pequeño gobierno. Liberales, republicanos y tradicionalistas de derecha esperan que la popularidad de los cambios en políticas de marihuana allane el camino para que los estados se manifiesten en otros temas. En cuanto a los legisladores conservadores que no se dejan persuadir por el argumento del derecho de los estados, siempre tendrán el consuelo de que legalizar la marihuana acarrea el beneficio de gravar la venta. En el primer semestre de 2018, Colorado reunió más de 130 millones de dólares en ingresos fiscales derivados de la marihuana y destinó la mayor parte a mejorar sus escuelas.

Gardner asegura que pocas veces surgen oportunidades como esta, aun cuando los legisladores de algunos estados, como Missouri, siguen oponiéndose a cualquier anteproyecto que incluya la palabra marihuana. El republicano de Colorado recuerda que un senador le dijo: “Bueno, Cory, tal vez tengas marihuanos en tu estado, pero en el mío hay bautistas”. Funcionarios como ese debieran revisar las encuestas y “conocer, realmente, a sus votantes”, sugiere Gardner.

CÓMO “SOBREVIVIRÁ” EL PARTIDO REPUBLICANO

En los últimos años, cada vez más republicanos han apoyado la legalización de la marihuana; y más aun en los últimos meses, mientras su partido se prepara para unas elecciones de medio periodo muy reñidas.

El Partido Demócrata espera recuperar algo de poder en Washington en noviembre y las elecciones primarias han arrojado resultados prometedores. A fin de conservar el control, los republicanos necesitan toda la ayuda posible y, en ese sentido, Boehner señala que ha “observado candidatos adoptando posturas nunca vistas hace dos o cuatro años, por no hablar de hace diez años”.

“En este momento, el republicano que apoye la marihuana tiene una ventaja política”, asegura David Flaherty, exmiembro del Comité Nacional Republicano y actual estratega político en Colorado.

El creciente apoyo público para la hierba legal es una suerte de cabildeo, ya que ejerce enorme presión en los políticos. Sin embargo, la industria del cannabis no rivaliza con las grandes farmacéuticas, que gastan cientos de millones de dólares en esfuerzos de cabildeo. Su influencia tampoco es comparable con la de la industria del tabaco y mucho menos compite en el terreno político de la industria del petróleo.

Aun así, los expertos pronostican que, un día, cambiarán sus circunstancias. El año pasado, esta industria emergente reunió alrededor de 9 mil millones de dólares en ventas. Y con la introducción de los mercados recreativos de California y otros estados, el sector podría generar hasta 11 mil millones en 2018, y 21 mil millones en 2021. Mientras que estados como Michigan, Maryland y Rhode Island consideran legislaciones para establecer mercados regulados para adultos (algunas con apoyo republicano), sus legisladores buscan participar en las nuevas compañías.

Ya hay políticos que empiezan a disfrutar de los beneficios de apoyar a la industria del cannabis, a través de sus fondos de campaña. Rohrabacher, quien enfrenta su reelección más difícil en tres décadas y es percibido como uno de los republicanos más vulnerables de la Cámara, ha sido recompensado por su postura favorable. Compañías y organizaciones como Weedmaps, Scotts Miracle-Gro y la Asociación Nacional de la Industria del Cannabis han enviado cheques de 5,000 dólares al congresista. Desde 2016, Rohrabacher ha recibido más de 80,000 dólares de la industria de la marihuana.

En última instancia, es posible que los legisladores republicanos respalden la despenalización de la marihuana por el simple hecho de que les ayudará a resultar electos, al tiempo que intentan recuperar al electorado de jóvenes no blancos. Según cálculos, 24 millones de estadounidenses de 18 a 29 años votaron en las elecciones de 2016; y Donald Trump perdió en esa población por un margen de 18 puntos contra Hillary Clinton. Los millennials se convertirán en el bloque de votantes más numeroso del país y, a decir de una encuesta, más de 80 por ciento considera que la marihuana es más segura que el alcohol.

Weld insiste en que la despenalización de la marihuana también es un “llamado directo a las comunidades de color”, pues los afroestadounidenses tienen cuatro veces más probabilidades de ser arrestados por delitos relacionados con la droga que sus pares blancos. Imagina que el cannabis es la rama de olivo ofrecida a los votantes como un esfuerzo para suavizar lo que muchos todavía consideran una imagen partidista desagradable. “Si queremos que el Partido Republicano sobreviva y prospere en los próximos 50 años, tenemos que atraer a una población que no sea de hombres mayores y blancos”, dice Brendan Steinhauser, estratega del partido.

Ahora que Texas y algunos de los estados más republicanos del país —como Utah y Oklahoma— avanzan en los cambios de políticas sobre marihuana, todos los republicanos deberán elegir un bando en el debate de la legalización, además de afirmar el derecho de cada estado a elegir lo que funcione en su caso. “Esto no va a parar en las fronteras de Colorado o California”, advierte Gardner. “Es un movimiento que abarcará todo el país. Es una oportunidad para que los republicanos prediquen con el ejemplo”.

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