“¿Cómo un Presidente no se va a dar cuenta de lo que está haciendo un Secretario, de lo que está haciendo un Director General”, también dijo en esa ocasión.
Y ayer confirmó un dato más: entre los funcionarios que están en la lista de los investigados por el mayor saqueo a Pemex en la historia de México está Eduardo León Trauwitz, quien fue Jefe de Seguridad del entonces Presidente electo Enrique Peña Nieto, su Jefe de Escoltas como Gobernador del Estado de México y a quien el ex Presidente promovió como General BrigadierDiplomado del Estado Mayor Presidencial (EMP) sin tener méritos para serlo, para luego nombrarlo titular de la Gerencia de Servicios de Seguridad Física (GSSF) de Pemex, cargo que ocupó hasta el 14 de marzo de 2014 cuando el Consejo de Administración aprobó la creación de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica (SSE) –“con el objetivo de fortalecer las políticas de seguridad para la protección de las instalaciones, bienes y valores” de la petrolera–, que le fue entregada al General Brigadier hasta el cierre del sexenio peñista.
“Está [el General de Brigada] en una lista de personas que se investigan con relación a esto, sin que haya todavía nada definitivo. Se está investigando a todos los que tienen que ver o tuvieron que ver”, dijo López Obrador sobre uno de los hombres de mayor confianza de Enrique Peña Nieto.
Para los analistas del sector, la noticia sobre el hombre de confianza de Peña Nieto y lo que ocurría en entidades como Puebla en donde reinaba el huachicoleo a plena luz del día y ante las narices de Rafael Moreno Valle y su sucesor Antonio Gali, conocido como miembro del llamado morenovallismo; la Unidad de Inteligencia Financiera debe jugar un papel importante para combatir de raíz el robo de combustible a través de seguir la ruta del dinero que empoderó y alimentó a varios grupos políticos y empresariales durante los años de bonanza de esa actividad delictiva.
“Esto es todo un negocio que involucra a muchísimas dependencias, a muchísima gente. No estamos hablando sólo de narco, huachicoleros que venden a menudeo el producto, estamos hablando de toda una industria que involucra a muchísima gente. Todos esos intereses van a estar dañados y se van a reacomodar si realmente no se toman las acciones que se deben tomar y se continúa con la impunidad […]”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, profesora asociada en la Universidad de George Mason y afiliada al Woodrow Wilson Center en Washington, DC y al Centro México del Baker Institute en la Universidad de Rice.
Correa-Cabrera consideró que la estrategia de combate al robo de combustible que emprendió en nuevo Gobierno federal ya empezó a sacudir a los grupos políticos involucrados en ese ilícito.
“Mira lo que pasó con Moreno Valle. Los que conocen bien sobre el Gobierno de Puebla, sobre las dinámicas políticas, saben que si esto pasó en Puebla como estaba pasando es porque tenían conocimiento la autoridad más alta de las fuerzas armadas y el Gobernador del Estado. No hay manera de que una operación de la magnitud que se ha dado, por los años que se ha dado, incrementándose exponencialmente, no había conocimiento de las autoridades más altas. Por lo tanto, obviamente estos grupos políticos se van a seguir resistiendo, va haber un problemón enorme porque se les cierra la válvula de los recursos, a eso le llamo la ruta del dinero: no le llamo a cómo lavan el dinero, porque eso no lo sabemos, pero sabemos que hay grupos que se benefician del dinero: ¿quién está involucrado, relacionado con esos recursos que sin ellos no se podría realizar esta actividad?”, cuestionó la investigadora en una entrevista con SinEmbargo.
Fluvio Ruiz Alarcón, ex consejero independiente de Pemex y quien fue asesor de la Política Energética de López Obrador, coincidió con Correa: el Gobierno de AMLO debe investigar la ruta del dinero del saqueo a la llamada empresa productiva del Estado.
“Evidentemente un fenómeno delictivo tan grande requiere varios eslabones, lo que se está atacando es el inicio de cómo se sacaba el producto, después le tocará a la Unidad de Inteligencia Financiera porque claramente hay grupos que recibían los beneficios de la venta de combustible robado. Falta mucho por hacer, nadie puede esperar que de un sólo golpe, pero hay que aplicar el gran clásico: seguir al dinero; sabiendo cómo eran estos canales de distribución volumétrica y apropiación de la venta de la gasolina robado. Hay empresas que el propio Pemex demandó por distribuir el combustible robados”, dijo.
Y de nuevo Fluvio Ruiz aseguró que si no se investiga la ruta del dinero, se dará un reacomodo “a la nueva circunstancia”.
“Como ha variado el narcotráfico desde que se llamaba contrabando. Es importante ir hasta donde se pueda y desmantelar estas redes para que no simplemente se adapten a su nuevo entorno”, dijo.
Miriam Grunstein Dickter, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, consideró que el daño a Pemex y a la nación aún está por cuantificarse. El robo de hidrocarburos es tal, que López Obrador debe presentar a “caras y cuerpos concretos” de los responsables.
“A Pemex le cuesta mucho trabajo llevar esos controles, entonces tenemos la situación de determinar el daño y resulta muy complicado, habría que ver cómo calculó el daño anual el Presidente y saber en qué cifras se está basando. Es la primera vez que un Presidente reconoce que hay colusión de los funcionarios de Pemex, pero resulta insuficiente en la medida de que no se deslinden responsabilidades; decir que están involucrados funcionarios de Pemex es un actovaliente y terriblemente impreciso. Queremos ver cuerpos, caras, malhechores y aún viendo responsables, los delincuentes tienen relevos”, dijo.
Guadalupe Correa precisó que en México las investigaciones no se llevan hasta las últimas consecuencias. En el robo de combustible las autoridades mexicanas han acuñado una versión oficial: que están rebasadas por los poderosos cárteles del crimen organizado. Los Zetas, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); sin embargo, el mayor saqueo a Pemex no puede justificarse únicamente con la versión de que son sólo las bandas criminales con la ayuda de algunos funcionarios de Pemex.
En la actividad ilícita están vinculadas autoridades municipales, federales, estatales, el sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps y durante la administración peñista, las fuerzas armadas, dijo.
“Si los trabajadores de Pemex aceptan y contribuyen, ¿quiénes se benefician al final de lo que se les venden a los que venden la gasolina al menudeo, ellos que están haciendo un negocio, por el otro lado también los políticos que tienen el control de las policías estatales, estoy hablando del Gobernador, porque están ahí y podrían decirle a la autoridad federal. Estamos hablando de un crimen a nivel federal y además de todo las fuerzas armadas, quienes resguardan la infraestructura estratégica, ellos deberían de saber”, argumentó Correa.
ES UN ASUNTO DE SEGURIDAD NACIONAL: ANA LILIA PÉREZ
La periodista y autora de varios libros que dan cuenta del saqueo de Pemex, Ana Lilia Pérez Mendoza, dijo en entrevista que el robo de combustible es un asunto de seguridad nacional, que va más allá de un tema con tintes políticos.
En entrevista, la autora del libro El Cartel Negro. Cómo el crimen organizado se ha apoderado de Pemex y de Pemex Rip. Vida y asesinato de la principal empresa mexicana, no quiso dar nombres de los grupos políticos y partidos que están involucrados en el robo de combustible y que documentó en sus publicaciones.
“No me gustaría hablar de los tintes políticos, lo que sí te puedo decir es que en mis libros yo documenté cómo había gente de distintos partidos implicada en este tema. No me gustaría ir en ningún caso en particular porque sería como minimizar el asunto. En el libro se habla de partidos que favorecieron a partir de gente del sector que aportaba a las campañas, por ejemplo”, dijo.
Ana Lilia precisó que en las zonas petroleras quienes financian y aportan dinero a las campañas políticas son empresarios del sector petrolero.
“Son los que tienen el dinero, quienes tienen mayor capital porque los negocios están vinculados al sector. Son empresarios y esos empresarios hacen aportes a esas campañas, no quiero precisar, pero sí documento muchos casos en mis libros”, explicó.
La periodista aseguró que los intereses económicos involucrados en el robo de combustible no conocen de filiación política, ni ideologías.
“El nivel corruptor de las ganancias del mercado negro de combustible no ha conocido de ideologías […], cuando hablamos del robo de combustibles debemos dejar ese mito de gente que está haciendo una toma, estamos hablando de una estructura bien organizada, de crimen organizado en México, que como en todo el mundo, no conoce de ideologías, con funcionarios públicos de todos los partidos permitieron que este sistema corrupto creciera”, dijo.
En el saqueo a Pemex están involucrados desde personal sindicalizado de la empresa, funcionarios de alto rango, así como empresarios y gente de la política, concluyó.
Uno de los casos que sobresalieron durante los últimos años es el de Querétaro. Javier Rodríguez Borgio, un empresario queretano gasolinero, dueño de la red de casinos Big Bola, de un terreno en donde las autoridades federales incautaron pipas con combustible robado y que cuenta con una indagatoria abierta por la Procuraduría General de la República (PGR) por una supuesta compra de combustible robado a Pemex, financió la campaña al Senado de Francisco Domínguez Servién, hoy Gobernador de la entidad.
“Yo siempre he dicho que Javier Rodríguez Borgio es mi amigo y yo a mis amigos no los niego… me ha aportado y me aportó recursos como amigo, entre muchos amigos que lo hicieron”, dijo el entonces Senador en 2014 de acuerdo con Quadratín Querétaro. El empresario queretano que financió campañas a Domínguez Servién también le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT) casi 600 millones de pesos de sus casinos Big Bola, de acuerdo con una publicación del diario Reforma el 21 agosto de 2018.
EL MAPA: LIDERAN ESTADOS PANISTAS Y PRIISTAS
Durante 2018 seis estados lideraron en el número de tomas clandestinas en el país de acuerdo con la última versión publicada por Pemex que abarca datos de enero a octubre del año pasado.
Puebla ocupó el primer lugar durante todo 2018 con 1,815 tomas clandestinas; Hidalgo el segundo, 1,726; Guanajuato el tercero, 1,547; Veracruz el cuarto, 1,338; Estado de México el quinto 1, 268; Jalisco el sexto con 1, 263; y Tamaulipas el séptimo lugar con 1,084 tomas.
En total Pemex reportó 12 mil 581 tomas clandestinas en todo el país durante ese periodo de acuerdo con el sitio web de la empresa productiva del Estado. Los siete estados estaban gobernados por administraciones panistas y priistas (algunos cambiaron de partido por la elección del 1 de julio como el caso de Jalisco y Veracruz, pero el lapso medido no corresponde a la nueva gestión que inició en diciembre).
Es el caso de Puebla, que era gobernado por Antonio Gali Fayad del PAN y que lidera la ruta del huachicol, seguido de Hidalgo al mando actualmente del priista Omar Fayad Meneses.
Guanajuato, gobernado por Miguel Márquez Martínez del PAN hasta septiembre y que continuó bajo las mismas siglas con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo –a quien le corresponde sólo el mes de octubre–ocupa el tercer lugar en tomas clandestinas.
Miguel Ángel Yunes Linares del PAN gobernaba Veracruz durante el periodo medido, entidad que se ubica en un cuarto lugar.
Alfredo del Mazo Maza del PRI gobierna el Estado de México, la entidad que ocupa el quinto lugar, mientras que a Aristóteles Sandoval Díaz del PRI gobernaba Jalisco durante el periodo reportado.
Por último Francisco Garza Cabeza de Vaca del PAN gobierna Tamaulipas, entidad que, de acuerdo con el reporte de Pemex, se ubica en el séptimo lugar de la ordeña a los ductos. Información propiedad dewww.sinembargo.mx publicada con autorización.
