Muchos son los ciudadanos que se han quejado porque alguna dependencia que brinda servicios les ha querido cobrar de más, o que por “error” se las haya puesto una cifra que no era en su recibo. Sin embargo, a veces ponen cifras demasiados altas que no cualquiera puede pagar. Un residente del fraccionamiento La Ciudadela en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, contrató por primera vez el servicio de luz de la Comisión Federal de Electricidad.

Hace unos días le llegó su primer recibo de luz, el cual era de 486 mil 915 pesos. Cuando José Luis “G” vio esta gran cifra publicó la foto del recibo de luz en sus redes sociales para que todos vieran lo que le querían cobrar. Mediante una entrevista, José dijo que el recibo le llegó la semana pasada y que de igual forma su medidor fue recientemente instalado.

El medidor marcaba solamente 40 kilowatts de uso, pues ellos todavía no consumían luz pues no se habían pasado a vivir ahí. A manera de broma el afectado comentó que ni vendiendo su casa (la cual aún no acaba de pagar) le alcanzaría para pagarle a la Comisión Federal de Electricidad los 486 mil 915 que le quieren cobrar. En una de esas le quieren cobrar por la electricidad de toda su colonia; digo, a manera de bienvenida.

¿Se acuerda usted de los 15 millones que la Secretaría de Gobierno de Veracruz se gastó para la noche del Grito de Independencia? 6 millones 608 mil pesos fueron para el grupo musical que amenizó el festejo, un grupo musical que por cierto cobraba menos de la mitad de lo pagado. Pues ahora resulta que ese dinero que Éric Cisneros Burgos ha erogado de la dependencia a su cargo, ha sido utilizado para comprar casas, lotes y terrenos en Baja California, territorio de donde salió este engendro político.

La acusación es seria porque la hace el diputado local José Magdaleno Rosales Torres, quien en ocasiones anteriores ya había denunciado la intromisión de Cisneros Burgos en los asuntos del Congreso. El diputado Magdaleno dice tener pruebas de sus acusaciones, pero que él sólo hará la denuncia, para que la Fiscalía espuria, a cargo de la exempleada de Cisneros Burgos, inicie una investigación.

Lo que debería hacer el diputado es entregar esas pruebas a la Fiscalías, al mismo tiempo que debería hacerlas públicas. Porque si alguien en este gobierno ya tiene hartos a los veracruzanos es Éric Patrocinio Cisneros Burgos, que es como una versión remasterizada y empeorada de un tal Reynaldo Escobar, quien como secretario de Gobierno también hizo de las suyas en Veracruz.

En Paquistán, un padre llevó a su hijo con el doctor Muzaffar Ghanghro, el más barato de Ratodero; cobraba 16 rupias la visita, algo así como dos pesos mexicanos. El hombre se dio cuenta que el doctor buscó una jeringa en la basura para inyectar a su hijo, pero no se opuso a ello. Con el tiempo su hijo se enfermó de SIDA y otros tres de sus hijos también resultaron seropositivos; dos ya han muerto.

Al investigar al doctor Ghanghro se descubrió que este médico reutilizaba las jeringas de la basura para ahorrar el dinero para comprarlas. Debido a esto se calcula que 900 niños paquistaníes han sido infectados con el virus VIH.

Ghanghro ha sido acusado de negligencia médica y de homicidio involuntario, sin embargo, mientras se realiza la investigación el médico sigue libre y ¿qué cree usted? ¡Todavía sigue dando consulta médica! El médico alega que es inocente, sin embargo, algunos familiares de los niños infectados y de los que han muerto exigen justicia para sus hijos.

Trascendió que el excandidato presidencial Diego Fernández de Cevallos debía 984 millones 766 mil pesos de impuesto predial a la alcaldía de Colón en el estado de Querétaro. El adeudo era la suma de 26 años de predial, pues el influyente abogado no pagaba desde el año de 1993. El impuesto es por un rancho propiedad del panista, un rancho llamado “El Estanco” de 220 hectáreas. La deuda neta de predial es de 33 millones 605 mil pesos, el resto son multas y recargos que se le fueron acumulando a lo largo de esos 26 años.

Diego Fernández negoció el adeudo, pues no se veía que tuviera la voluntad de pagar los casi mil millones de pesos de predial. Fue así que el abogado logró negociar un buen descuento, casi el 99 por ciento de descuento, logrando pagar sólo 12 millones 763 mil pesos al municipio de Colón y con ello pudo salvar su rancho que estaba a punto del embargo.

Cabe mencionar que el alcalde de Colón, José Alejandro Ochoa Valencia, accedió no muy de buena gana, pues al parecer los dirigentes panistas del estado amagaron con denunciarlo por dos asuntos que tenían pendientes; una supuesta agresión a periodistas, y haber insultado a los ciudadanos estando él en estado de ebriedad.

Juan David Castilla Arcos / Xalapa, Ver. Decenas de enfermos renales y sus familiares marcharon en la capital del estado a favor de la donación de órganos.

Los pacientes se concentraron en el parque Bicentenario para caminar sobre la avenida Ávila Camacho e incorporarse a las calles Zaragoza, Primo Verdad y Juan de la Luz Enríquez hasta llegar a Plaza Sebastián Lerdo de Tejada.

Leticia Alba, una enferma renal y representante de los demás pacientes, detalló que hay más de 650 personas en lista de espera para recibir en donación un riñón; esto en la entidad veracruzana.

Por ello, indicó que se busca hacer conciencia en la población sobre la importancia de la donación.

«Tenemos un porcentaje muy bajo (de donadores) en todo el país, principalmente en la Ciudad de Xalapa solo una entre un millón de personas dona, lamentablemente esto es muy triste porque es la capital del estado».

En ese sentido, indicó que Xalapa es considerada una ciudad cultural con poca sensibilidad humana.

«Es una capital que se dice que está llena de cultura, pero nos falta un poco de sensibilidad humana para poder donar vida».

Leticia Alba añadió que la falta de donación en Xalapa podría deberse a la desinformación o poca promoción por parte de las autoridades del Sector Salud.

«Yo he visto que Xalapa es el centro para hacer marchas en todos los temas pero no he visto marchas a favor de la vida como es la donación de órganos», añadió.

En abril de2018 se dio a conocer la sentencia al exsacerdote Jorge Raúl Villegas, quien fuera vocero de la arquidiócesis de León, Guanajuato. La sentencia fue de 90 años por violación calificada, abuso sexual, corrupción de menores y hostigamiento sexual. La denuncia la hicieron las madres de dos menores de edad que eran confesadas por este sacerdote, quien al mismo tiempo les daba orientación psicológica y que terminaron siendo violadas por Jorge Raúl Villegas.

Cabe mencionar que las denuncias se remontan a 2016; ya para ese momento, el entonces sacerdote tenía una demanda interpuesta por una mujer que aseguraba tener un hijo de él. En estos días al sacerdote le fue negada la posibilidad de rebajar su sentencia, por lo que por estas dos acusaciones tendrá que purgar 90 años de prisión.

Vale mencionar que este exsacerdote todavía tiene pendientes tres acusaciones más, por violación y abuso sexual de otros tres menores de edad que fueron abusados por Jorge Raúl Villegas cuando tenían 9, 12 y 13 años de edad. Vale mencionar que, aunque el obispo de León pidiera perdón a las víctimas, la iglesia católica es la que se ha hecho cargo de la defensa de este violador

Hay de austeridades a austeridades. Esta política económica se debería aplicar sobre todo a programas o dependencias que por décadas han estado dilapidando el dinero de los mexicanos sin que a nadie importara. Eliminar las pensiones para los presidentes fue una buena medida, así como los onerosos gastos presidenciales, y los pagos de servicios personales a los funcionarios públicos, así como a diputados y senadores. Pero hay otras austeridades que no se deberían permitir.

El periódico El Universal reporta que debido a esta política se está poniendo en riesgo la educación de los alumnos con discapacidad que acuden a los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad, los famosos CAED. De acuerdo con el reporte, estos centros operan en todo el país y ayudan a educar a jóvenes y personas que tienen alguna discapacidad: «46% de los alumnos padece una discapacidad intelectual; 16%, una motriz; 14%, una auditiva; 10%, una visual, y 2%, sicosocial».

Estos centros operan en todo el país y hasta el momento sólo tienen asignados 34 millones de los 670 millones de pesos con que operaron el año pasado. Esto pone en riesgo la educación de miles de jóvenes que han acudido a los CAED para sentirse aceptados, pues en las escuelas públicas son discriminados por su discapacidad. Aquí no vale la austeridad que tanto mencionan; aquí se requiere ser sensible.

CDMX.- Animal Político/ Miguel Ángel Vega Garcia, el contralor en las administraciones de Rosario Robles en la Sedesol y Sedatu que no sancionó La Estafa Maestra pese a que la Auditoría Superior de la Federación le solicitó en 15 ocasiones que investigara a funcionarios de ambas dependencias, por múltiples irregularidades, ahora forma parte del gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz como director Anticorrupción en la Contraloría estatal.

Aunque Vega García nunca detectó irregularidades, Rosario Robles enfrenta ahora un proceso penal por no haber detenido La Estafa Maestra, es decir, que las dependencias a su cargo hicieran convenios con universidades públicas para realizar supuestos servicios, y luego éstas subcontrataran a empresas que resultaron ser fantasma, por lo que el dinero público desapareció. Mecanismo que también ocurrió en otra decena de dependencias, entre ellas Pemex y Banobras.

Entérate: Además de Rosario, también supieron de La Estafa Maestra el presidente Peña, diputados y Función Pública

Como titular del Órgano Interno de Control de la Sedesol y Sedatu, Vega García tenía la responsabilidad de encontrar las irregularidades incluso antes que la Auditoría Superior, pero no sancionó a ningún funcionario por los presuntos desvíos millonarios a empresas fantasma.

Ni siquiera cuando la Auditoría Superior le emitió 15 “promociones de responsabilidades” para determinar sanciones contra funcionarios públicos que hicieron mal su trabajo, según demuestran las respuestas a solicitudes de información realizadas por Animal Político.

Pese a esos resultados, desde este 2019 Vega García fue integrado a la administración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, de Morena, como director general de Anticorrupción y Transparencia en la Contraloría estatal.

Su puesto es una de las tres principales direcciones de la Contraloría, encabezada por Mercedes Santoyo Domínguez. Tiene a su cargo seis subdirecciones encargadas de la “integridad y responsabilidad de los servidores públicos, su situación patrimonial y ética”, entre otros puntos, de acuerdo con el organigrama del gobierno estatal.

Vega García comenzó su experiencia en la administración pública federal en 2004 como director de normatividad y la Secretaría de la Función Pública, luego estuvo en la Secretaría de Energía en 2009, como coordinador de proyectos en el Órgano Interno de Control.

Llegó a Sedesol en mayo de 2015 como titular del Órgano Interno de Control y cuatro meses después dejó el puesto para irse a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), cuando Rosario Robles también fue reubicada a dicha dependencia. Ambos estuvieron hasta diciembre de 2018.

En su paso por Sedesol, personal a su cargo realizó un expediente en el que concluyó que los convenios de La Estafa Maestra realizados con las Universidades de Morelos y el Estado de México se hicieron correctamente y, por tanto, exoneró de cualquier responsabilidad a cuatro servidores públicos. Dicho documento ha sido utilizado por Rosario Robles como muestra de su inocencia.

Uno de los exonerados fue Emilio Zebadúa, el exoficial mayor de Rosario Robles contra el que la Fiscalía General de la República (FGR) sí abrió una investigación por el presunto desvío de 185 millones de pesos, la cual se encuentra congelada a la fecha gracias a un amparo concedido por un juez federal el pasado 27 de agosto.

Previo a la publicación de esta nota, Animal Político buscó a Miguel Ángel Vega por correo electrónico, llamadas telefónicas, y a través de comunicación social de la Contraloría General de Veracruz, pero no dio respuesta a la solicitud de entrevista.

Miles de millones desviados, cero sancionados

Entre 2013 y 2017, la Auditoría Superior de la Federación emitió 15 promociones de responsabilidad administrativa a los OIC de Sedesol y Sedatu, a partir de cinco revisiones del presupuesto anual en los que detectó y denunció penalmente ante la FGR desvíos millonarios que acabaron en las cuentas de empresas fantasma.

El mecanismo de desvío detallado en los informes de la Auditoría, y que a la postre se conoció como La Estafa Maestra, consistió en que la Secretaría de Gobierno federal firmaba un convenio de colaboración con una universidad pública para que ésta realizara determinados servicios. Sin embargo, la universidad no cumplía con esos servicios y, a través de una violación a la Ley de Adquisiciones, entregaba el 90% del dinero a empresas fantasma, que tampoco daban servicio alguno, por lo que el dinero público desaparecía.

Por ello, en esas promociones de responsabilidad administrativa, la Auditoría instruyó a Miguel Ángel Vega para que investigara posibles “actos y omisiones” de los servidores públicos que “no supervisaron, verificaron ni validaron” los trabajos contratados por Sedesol y Sedatu a las universidades, ni vigilaron el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones.

Animal Político, por medio de una solicitud de transparencia pública, cuestionó a la Secretaría de la Función Pública cuántos funcionarios de Sedesol y Sedatu fueron sancionados a partir de esas 15 promociones de responsabilidad administrativa, y cuántas de esas sanciones están hoy firmes, es decir, cuántas ya fueron ratificadas por un tribunal.

Además, también se solicitó el cargo del funcionario, o de los funcionarios sancionados, y en qué consiste la sanción -inhabilitación para ejercer la función pública por un determinado periodo de tiempo, sanción económica, etcétera-.

La respuesta de Función Pública fue que, a la fecha, esas promociones de responsabilidad no han dado como resultado alguna sanción por mal ejercicio del servicio público.

Es decir, no se sancionó a ningún servidor público, a pesar de que la Auditoría primero, y luego la investigación periodística La Estafa Maestra, documentaron que solo en Sedesol se desviaron presuntamente 2 mil 224 millones de pesos, a través de múltiples violaciones a la ley federal de adquisiciones. Mientras que, de nuevo la Auditoría en informes de la Cuenta Pública 2016, detectó nuevos desvíos en Sedatu, por al menos mil 747 millones de pesos.

Función Pública también informó por transparencia que, de las 15 promociones de responsabilidad de la ASF, el Órgano Interno de Control dio ‘carpetazo’ a cinco “por falta de elementos” para sancionar, y otra más fue cerrada porque “se determinó la prescripción de la autoridad para imponer sanciones”.

Las nueve restantes, todas correspondientes a las investigaciones en Sedatu, aún tienen el estatus “en investigación”, a pesar de que hay promociones de responsabilidad que fueron instruidas en 2015, hace casi cinco años.

Carpetazo a las investigaciones

Entre las investigaciones que fueron cerradas por “falta de elementos”, están las que hizo el Órgano Interno de Control de Sedesol a cuatro altos funcionarios de esa dependencia: Emilio Zebadúa, exoficial mayor; Humberto René Islas, entonces director de recursos materiales; Sonia Angélica Zaragoza, exdirectora de Recursos Humanos; y Enrique Prado Ordoñez, exdirector de adquisiciones.

Como el propio Miguel Ángel Vega, estos cuatro funcionarios son parte del equipo de Rosario Robles que pasaron de Sedesol a Sedatu. Los cuatro firmaron convenios cuando estuvieron en Sedesol, que derivaron en denuncias penales interpuestas por la Auditoría ante la Fiscalía por el presunto desvío de 850 millones de pesos.

La investigación periodística La Estafa Maestra, publicada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción, documentó que entre las empresas beneficiadas por los cuatro funcionarios exonerados figura, por ejemplo, Grupo Comercializador Cónclave, declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como compañía fantasma; es decir, como una sociedad que no tiene infraestructura real, personal laborando, ni activos, y que simulaba operaciones comerciales para desviar recursos públicos.

La investigación del Órgano Interno de Control de Sedesol contra estos cuatro funcionarios inició en agosto de 2015, y poco más de un mes después concluyó con el resultado ya expuesto: se exoneró de toda responsabilidad a los servidores públicos por “falta de elementos”.

Rosario Robles, hoy en prisión preventiva como parte del proceso judicial que enfrenta por el delito de ejercicio indebido de la función pública, ha presumido públicamente en numerosas ocasiones el resultado de esta investigación, como prueba de que en su dependencia no se cometió irregularidad alguna.

Animal Político publicó en octubre del año pasado que la Secretaría de la Función Pública sancionó al extitular del área de quejas del Órgano Interno de Control de la Sedesol, por exonerar de manera injustificada a los cuatro funcionarios.

Además, organizaciones civiles como Fundar y México Evalúa analizaron el trabajo del OIC-Sedesol en este caso, y llegaron a la misma conclusión que la Secretaría de la Función Pública: la investigación fue “parcial”, “limitada”, “sin sustento” y “carente de certeza jurídica”.

Por ejemplo, las organizaciones detectaron que el Órgano Interno de Control de Sedesol hizo interpretaciones erróneas o parciales a la Constitución mexicana, a la Ley de responsabilidades de los funcionarios públicos, y a la Ley de adquisiciones, bajo las cuales se debió analizar la actuación de los cuatro funcionarios implicados en los convenios de Sedesol con las universidades.

“No hay evidencia de que el OIC haya hecho una investigación propia o diligencias para llegar a la conclusión de que no existen elementos suficientes para sanciones a servidores públicos de Sedesol”, concluyó México Evalúa sobre la indagatoria del Órgano Interno de Control.

A pesar de estas conclusiones, el único sancionado por la exoneración improcedente del OIC, a cargo de Miguel Ángel Vega, fue el titular de Quejas del OIC; un funcionario de rango medio que el día de hoy mantiene un proceso legal abierto ante la justicia para revocar la sanción de inhabilitación que le impuso Función Pública, por considerar que ésta fue injusta e infundada.

Desde el teléfono de algún vecino se grabó el acto de muerte que un hombre realizó a un empresario aguacatero. Este acto quedó grabado en un vídeo que circula en redes sociales, en el cual se puede ver como un sicario saca su arma y dispara a un hombre que se encuentra al volante de una camioneta; disparó hasta dejarlo sin vida en una de las calles de Uruapan, Michoacán. Al parecer el empresario llegaba de su trabajo y se disponía a bajarse del carro para entrar a su casa.

En Michoacán las denuncias se han incrementado por la ola de hechos violentos que desde hace tiempo enfrentan las personas que se dedican al comercio del aguacate, quienes han externado que son amenazados por bandas del crimen organizado, como CJNG, la Familia Michoacana, Los Viagras y Caballeros Templarios. Las imágenes captadas no han permitido a las autoridades identificar al hombre que ejecutó al productor de aguacate, por lo que permanece en calidad de desconocido.

Se informó que los familiares de la víctima de homicidio señalaron que el hombre asesinado a balazos respondía al nombre de Carlos “N” y contaba con 50 años de edad, quien presentaba cuatro impactos de bala, la mayor parte en el tórax y uno en la cabeza. En el video se ve como después de llenarlo de plomo sale corriendo por la banqueta de la calle hacia donde seguramente alguien lo esperaba para salir huyendo del lugar. (LBPNoticias)

Agentes de Investigación de la Fiscalía Especializada de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Carlos “N”, quien es investigado por su probable participación en el homicidio de una mujer, que fue localizada dentro de bolsas de plástico en un canal de aguas negras, en el municipio de Chimalhuacán del Estado de México.

Lugo de que el pasado 15 de octubre fuera localizado el cuerpo de la víctima en un canal de la colonia Acuitlapilco, en el municipio de Chimalhuacán, personal de la fiscalía mexiquense realizó diversas diligencias para identificar el cuerpo, así como para esclarecer los hechos.

Derivado de esta indagatoria y con los datos recabados por policías investigadores, el representante social solicitó a un juez librar una orden de aprehensión en contra de José Carlos “N”, quien en días pasados habría asesinado a esta mujer y luego abandonó el cuerpo en un canal de la zona, donde fue localizado en estado de putrefacción.

Los cobros de piso y las extorsiones por parte de miembros del crimen organizado son cada vez más frecuentes. Negarse a pagar o pedir ayuda a las autoridades correspondientes podría perjudicar a la o las personas que denuncien estos actos ilícitos. Anteriormente se sabía que los grupos delictivos sólo cobraban piso a los pequeños y grandes comercios, pero las cosas han cambiado. Según información del portal “De Peso”, el derecho de piso va también para los trabajadores de obra en Cancún, ya que según revela esta fuente, todos los albañiles de dicha obra tienen que pagar 500 pesos semanales o de lo contrario serán golpeados y en el peor de los casos asesinados.

Las autoridades y los encargados de obra tienen conocimiento sobre esta problemática, sin embargo, lo único que les dicen a los albañiles es que se cuiden y no se meten con esas personas. Pero si los albañiles no son los que se meten con los miembros del crimen organizado, son los miembros del crimen los que se meten con ellos. Es más posible que los encargados de obra estén coludidos con estos criminales y por ahí también cobran su mochada.

En un audio que grabara un infiltrado se revela que el jefe de obra dice a sus empleados que el cobro de piso esta fuera de control, además de que los delincuentes hablaron con todos los encargados de obra para que estos puedan vender droga en la construcción. Pues ya saben que hacer señores albañiles, acúsenlos con su mamá para que les jale las orejas a los delincuentes.