Organizaciones civiles denuncian el aumento exponencial de redadas y detenciones masivas en la frontera sureña mexicana. Además, las solicitudes de refugio han crecido en miles.
Un joven migrante llamado Alexánder, amenazado por la pandilla Barrio 18 por negarse a entrar en sus filas, está a punto de recibir refugio en México, pero antes de conseguirlo pasó por cuatro detenciones violentas realizadas por distintas autoridades en diferentes puntos de la frontera sur, donde el gobierno mexicano ha reforzado las medidas de control sobre la migración.
Alexánder, de 20 años, no tenía planeado emigrar. Lo decidió cuando le pusieron un cuchillo en la garganta para obligarlo a entrar en la vida de las pandillas. Vivía con su pareja y trabajaba en una finca de café en las inmediaciones de La Ceiba, en el estado hondureño de Atlántida. Como miles de personas en el norte de Centroamérica, él y su pareja salieron a la carrera rumbo a México.
En abril de este año, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, anunciaron el envío de la División Gendarmería Nacional a los puntos fronterizos de Chiapas para aumentar el control sobre el flujo migratorio, el cual en los últimos años se ha incrementado exponencialmente.
En ese mismo mes, Alexánder y su pareja marcharon hacia el norte sin prever que pasarían casi medio año en el sur de México sin poder continuar su ruta hacia el norte.
Carlos Cotera, coordinador de la oficina en Tapachula del Servicio Jesuita a Refugiados, cuenta que la Gendarmería estuvo visible en Tapachula durante 15 días, después quedaron patrullajes de convoyes en las avenidas periféricas “a veces acompañados de unidades de migración”.
El envío de la Gendarmería ha sido una medida que, según fuentes consultadas en terreno en distintos puntos de las inmediaciones de la frontera sur de Chiapas, ha dejado una estela de violencia contra la población migrante que se suma a la que ya se vivía a raíz del operativo Plan Frontera Sur, implementado en 2014.
No hay información clara sobre el marco legal de ese operativo en manos de las organizaciones que cuidan los derechos humanos de las personas migrantes, tampoco las autoridades han transparentado ese operativo, pero el cerco de seguridad —afirman— existe y está causando estragos.
“No hay transparencia. El Plan Frontera Sur de 2014 no tiene un respaldo jurídico, ¿lo tiene el envío de Gendarmería?”, cuestionó Salvador la Cruz, director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
En su primer intento, Alexánder y su pareja entraron en México por Ciudad Cuauhtémoc, pero no lograron avanzar más de cien kilómetros y fueron detenidos por elementos del Instituto Nacional de Migración (INM). Volvieron deportados a La Ceiba, y después de una semana de permanecer escondidos se lanzaron una vez más al camino, pero esta vez no avanzaron ni un kilómetro de la frontera con México.
En su segundo encierro conocieron a alguien que les habló de la oferta de refugio que ofrece la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula (348,000 habitantes), la segunda ciudad más poblada de Chiapas, y la más austral de la costa pacífico del país.
México pasó de recibir 1,296 peticiones de refugio en 2013 a 14,546 en 2017, según cifras de la Comar, y la mayoría de las personas peticionarias, como Alexánder, llegan a Tapachula, que además es el escenario del recrudecimiento de la violencia por parte de autoridades mexicanas que acompañan al INM.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba y el Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), las fuerzas del orden realizan constantes redadas, principalmente en el parque central de Tapachula.
“La policía ya lleva así varios años, pero ahora la violencia se ha consolidado. Ahora está la sensación de control. La policía municipal hace un trabajo muy marcado. Es un conglomerado que se hizo con la presencia de la División Gendarmería Nacional”, señaló el director del Fray Matías de Córdova, Salvador la Cruz.
Cada día, el centro de Tapachula amanece con familias que duermen en bancas o algún rincón del pequeño teatro del parque. Los primeros rayos de sol y el ruido de los autos y los comercios no despiertan a las personas que concilian el sueño hasta altas horas de la madrugada. A las ocho de la mañana la vida urbana toma su curso mientras mujeres, hombres y niños aún descansan hombro con hombro en el suelo.
La tercera detención de Alexánder la vivió justo ahí, en el parque de Tapachula, en una redada. Lo sometieron, pero no se lo llevaron detenido porque personas mexicanas que se acreditaron como defensoras de derechos humanos intervinieron a su favor.
“Unos se quedan durmiendo ahí en el parque porque no tienen dónde quedarse. Un día en el parque llegaron dos carros de patrulla de paila grande, eran como cinco, más otros de migración”, cuenta Alexánder.
Se prevé que la cifra de peticiones de refugio en México podría rebasar las 22,000. FOTO: Moisés Pablo / CUARTOSCURO
“Son episodios muy violentos relacionados al estigma de ser migrantes. La gente se aterroriza en los operativos. El cuadro de las detenciones es diverso, pero suele ocurrir que hay un estado de shock, de nervios, las personas entran en fase de estupor e incomprensión. Después vienen otras fases: búsqueda de soluciones o ansiedad y depresión”, explica Salvador la Cruz.
Alexánder experimentó algunos de esos síntomas en la cuarta detención, cuando un amigo suyo mexicano lo iba a llevar a conocer la zona cafetalera de Tapachula, donde pensaba trabajar como antes, en La Ceiba.
Al intentar subir en un transporte público fue interceptado por la policía municipal y encerrado por dos días. Su pareja no sabía nada de él, durmió en un suelo sucio y no comió. Pasaron por su cabeza muchos escenarios, los peores. Se imaginó deportado y a su pareja, sola en Tapachula.
Lo detuvieron un jueves y lo soltaron un sábado después de obligarlo a limpiar pisos y baños de los separos de la policía municipal, según el testimonio de este joven migrante, el cual se parece al de centenares que se recopilan cada día en Tapachula en las oficinas de organizaciones que llegaron en años recientes para atender la emergencia humanitaria.
“Es imposible registrar el número; es una multitud de operativos cada día en la ciudad y en las rutas migratorias”, se lamenta La Cruz.
Datos de la Secretaría de Gobernación indican que, entre enero y mayo de 2018, se incrementó en 29 por ciento la detención de mujeres migrantes, y en 82 por ciento la cifra de niñas migrantes con respecto a 2017. La cifra de los hombres incrementó en 47 por ciento en el caso de mayores de edad, y 95 por ciento en menores.
La Comar aún no ha publicado las cifras oficiales de 2018, pero el SJR prevé que, de acuerdo con las tendencias, la cifra de peticiones de refugio podría rebasar las 22,000. Aun cuando miles de migrantes ya conocen el camino hacia Estados Unidos, el cerco policial es muy duro y prefieren “rendirse”. Pedir tregua.
Así lo ven los migrantes desde el albergue Belén que vive días difíciles por la gran demanda de personas que tiene. Un huésped de origen nicaragüense, que pidió el anonimato, contó que él y muchos más iniciaron el trámite de refugio, lo cual implica un compromiso para quedarse en México, pero en realidad solo buscan un salvoconducto para transitar hacia la frontera con Estados Unidos.
Las filas en las instalaciones de la Comar, en el centro de Tapachula, comienzan alrededor de las cinco de la mañana de lunes a viernes. Con el grado de demanda por una entrevista en la Comar, un lugar en esa fila que se hace en una banqueta cuesta dinero.
Hay muchas personas en el parque central que con gusto se forman desde temprano para dejar su lugar a alguien a cambio de 100 pesos. Alexánder prefiere emplearse en un consultorio médico como repartidor de folletos mientras llega el día de la entrega de su visa humanitaria y se marche con su pareja —dice— a Ciudad de México, un lugar que solo conocen “por películas y novelas”.
SOLALINDE: EL INM VA A DESAPARECER CON AMLO
El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de derechos humanos de las personas migrantes, adelanta en una entrevista telefónica que el Instituto Nacional de Migración va a desaparecer en el próximo gobierno.
Dice que es una decisión tomada en las seis mesas de trabajo integradas por unas cien organizaciones que están trazando la estrategia para implementar políticas públicas sobre migración en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El papel del INM en Chiapas tiene resonancia en dos puntos importantes. Uno es Arriaga, el municipio donde comienza el trayecto del tren de carga al que miles de migrantes solían ir caminando hasta por 12 días esquivando retenes y grupos de delincuencia organizada.
Arriaga era una ciudad con el sello de la migración. En las orillas de la vía las tiendas se llamaban “pulperías” (así se llaman en Honduras) y decenas de hoteles recibían migrantes permanentemente. Siete hoteles cerraron, ya no hay casas de hospedaje y el comercio ha bajado, según Elías Gaspar, encargado del albergue de Arriaga, ahora con muy poca afluencia.
Cada vez que sale el tren, personal de las empresas ferroviarias, junto con elementos del INM y cuerpos policiacos, impiden la subida de migrantes. El tren avanza vacío y adelante, a siete kilómetros, hay más personal de seguridad verificando que no vayan a bordo migrantes que hayan logrado esquivar el primer operativo.
“La migración sigue, pero se ha recrudecido la persecución del Instituto Nacional de Migración con los operativos”, dice Elías Gaspar. La ausencia de migrantes en Arriaga tiene relación directa con el cerco establecido en Tapachula. Llegar ahí es muy difícil, abunda.
Otro punto que explica la realidad del INM es la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula. Tanto Solalinde como dos activistas más entrevistados en Tapachula y que tienen acceso a ese lugar —donde es retenida la población migrante capturada en las redadas o puntos de revisión—, aseguran que es un sitio donde se cometen ilícitos y violaciones a los derechos humanos.
El panorama de la Estación Siglo XXI es, en su opinión, la cara del INM, una institución temida por las familias migrantes que prefieren pedir refugio en la Comar en lugar de seguir camino hacia el norte.
En opinión de Alejandro Solalinde, el INM “es una máquina de atropellar derechos humanos” que será sustituida por “otra instancia con otra estructura” que aún no se ha definido, pero por lo pronto las organizaciones realizarán una clausura simbólica del INM en su sede de Ciudad de México en próximos días.
La Secretaría de Gobernación fue requerida a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información para dar datos relativos al envío de la Gendarmería a Chiapas, pero respondió que debería ser el INM el responsable directo.
El INM es la autoridad que pudiera responder a su solicitud de acceso a la información”, contestó la Segob. Se consultó al INM, pero su dirección de Comunicación Social argumentó que no es responsabilidad de esa institución el manejo de esa información. Tampoco autorizaron una entrevista telefónica con el delegado en Chiapas por motivos de agenda.
Además, se buscó la versión de la Gendarmería Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana de Chiapas, pero hasta el momento no ha habido respuesta.
Tanto Carlos Cotera como Salvador la Cruz han visto un cambio drástico en el volumen migratorio de Tapachula y creen que el aumento de peticiones de refugio está ligado al incremento del cerco policial del gobierno mexicano y que la historia vivida por el joven migrante Alexánder y su pareja es producto de una dinámica impuesta para ejercer el control sobre la migración en la frontera sur.
Solalinde dice que la desaparición del INM obedece a que es una maquinaria que atropella los derechos humanos. FOTO: Antonio Cruz / Newsweek en Español
LAS CIFRAS DE LA DEPORTACIÓN
Entre enero y julio de 2017, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 53,301 personas extranjeras, de las cuales deportó a 44,463. En 2018, en ese mismo periodo 73,222 fueron detenidas y 58,793, deportadas.
En 2017, en el mismo periodo (enero a julio), el número de migrantes centroamericanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua que fueron detenidos por el INM fue de 43,916, de los cuales 42,006 fueron deportados.
Y en 2018, de enero a julio el número de migrantes originarios de esos mismos países centroamericanos que fueron detenidos por el INM fue de 65,823, de los cuales, 57,087 fueron deportados.
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