Hoy nos hemos despertado con la siguiente noticia: Uber deberá considerarse un servicio de transporte. El Tribunal Europeo de Justicia sentenciaba que la compañía estadounidense no presta un servicio basado en la sociedad de la información sino que su actividad se enmarca dentro de los servicios de transporte y que, por lo tanto, deberá regirse por su normativa.

Pero ¿qué significa esto? ¿afectará al servicio de Uber en Europa? ¿y al resto de empresas enmarcadas dentro del negocio de la “economía colaborativa”? Aquí van algunas claves.

 

¿De dónde viene la decisión del Tribunal Europeo?

Para comprender cómo se inició todo este embrollo debemos remontarnos a 2014, año en el que la compañía estadounidense Uber desembarca en España. Allí pone en marcha UberPop, un servicio que permitía que cualquier persona particular ofreciera servicios de conductor sin necesidad de licencia. UberPop se mantuvo en activo hasta que el Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Madrid decretó el cierre de la aplicación a finales de ese mismo año.

La sentencia emitida hoy por el Tribunal Europeo de Justicia surge tras una petición del juzgado que llevaba el caso de una demanda realizada también en 2014 por parte de la Asociación Profesional Élite Taxi. La asociación interpuso una demanda al juzgado número 3 del Mercantil de Barcelona en la que acusaba a Uber de fraude, al “anunciarse como economía colaborativa, cuando en realidad es economía sumergida”, como explicó en su momento el abogado de Élite, Diego Salmerón.

El juzgado emitió una consulta a la máxima instancia judicial de la UE para que se pronunciara. En mayo del año pasado, el abogado general del Tribunal de Justiciade la Unión Europea (TJUE) (el equivalente a fiscal general de la Unión) emitió sus conclusiones sobre el caso, decretando que la compañía debía enmarcarse dentro de los servicios de transporte. Una decisión no vinculante que ha sido ratificada hoy por el propio TJUE.

 

¿Afectará al servicio actual que desempeña la compañía en España?

En un principio no. Tras la sentencia emitida por el Tribunal Europeo, la demanda regresa ahora a la justicia española que deberá tomar una decisión basándose en las directrices de Luxemburgo. Sin embargo, la situación de Uber en España no se modificará ya que actualmente la compañía opera bajo las llamadas licencias VTC. Uber volvió a territorio español en 2016 con un nuevo sistema, UberX. Así, la compañía trabajaba esta vez con trabajadores por cuenta ajena que cuentan con licencia VTC, es decir, vehículos turismo con conductor.

 

¿Cuál ha sido la reacción de Uber?

 

“Esta decisión no cambia nada en la operativa de Uber en la mayoría de los países de la UE. Sin embargo, todavía hay millones de europeos que no pueden usar apps como la nuestra. Como dijo recientemente nuestro nuevo CEO, conviene regular servicios como Uber y por ello continuaremos el diálogo con países y ciudades de toda Europa”, ha declarado un portavoz de la compañía tras conocerse la noticia. Por otro lado, Sharing España, la patronal de la economía colaborativa que engloba a más de una treintena de compañías del sector entre las que se incluyen BlablaCar, Cabify o Airbnb, ha emitido un comunicado tras conocerse la sentencia. En él destacan que la sentencia del TJUE “no tiene impacto alguno sobre la actividad actual de Uber España, que opera con el servicio UberX: un servicio ofrecido por conductores profesionales o flotas de vehículos con autorizaciones VTC”.

Repreguntemos: ¿De verdad que no afectará a Uber esta decisión?

 

La decisión del TJUE ha supuesto una victoria para las cooperativas de taxis, en guerra con Uber y Cabify desde hace años. Con esta sentencia se garantiza que el modelo UberPop (particulares sin licencia) no se extenderá en el futuro por Europa y pone en manos de los Estados miembros la aplicación de la normativa sectorial de transporte. Es decir, deja a cada uno de los países la elección: ¿taxistas o Uber?

Además, la sentencia del TJUE pone sobre la mesa todo lo que se oculta tras las llamadas “economías colaborativas”: modelos de negocio que siguen las lógicas capitalistas, ya que sacan beneficio de su actividad y no solamente ponen en contacto a una persona con otra.

Vale, no afectará en gran medida a Uber pero ¿qué hay de las otras empresas?

 

En esa línea se mueve la otra parte del comunicado de Sharing España, un poco más sombría que la primera. La patronal de empresas de economía colaborativa mantiene que “la decisión [del Tribunal] es una mala noticia para el desarrollo de la economía digital en Europa, pues restringe aún más la oferta disponible para los consumidores y cierra el mercado a nuevos servicios, que pueden ser más eficientes y económicos”.

Es decir, la sentencia abre la puerta a que se puedan aplicar los mismos criterios a otro tipo de plataformas, como Airbnb o Deliveroo: compañías que en los últimos meses han sufrido varios varapalos judiciales en Europa y han sido puestas en entredicho por sus trucos fiscales o las malas condiciones de sus trabajadores.

 

¿Cuál es la posición de Europa frente a las economías colaborativas?

El caso de Uber vs Taxi ha dejado sobre la mesa los dos caminos aparentemente opuestos que han llevado las principales instituciones europeas: el TJUE y la Comisión Europea.

La Comisión se ha caracterizado por su aparente defensa de las llamadas economías colaborativas. En junio del año pasado, publicaba una guía para ayudar a los países en el tema de las empresas de economía colaborativa. En ella, la UE instaba a los Estados miembros a eliminar las trabas para el sector en una serie de recomendaciones no vinculantes. Por otro lado, también pedía que se fijaran mínimos en materia laboral, fiscal y de responsabilidad ante el cliente. Pero una cosa quedaba clara: Europa se ponía del lado de Airbnb, Uber y el resto de empresas.

El 21 de febrero de este año, la Comisión respondía a varias cuestiones de interéspara el lobby del taxi en Bruselas. ¿Pretendía regular la introducción de plataformas tipo Uber? La comisaria Elżbieta Bieńkowska respondía que no era necesario presentar una nueva legislación sobre economía colaborativa y que ya valía con las directrices presentadas en junio del año pasado. En cuanto a las protestas de los taxistas sobre las aplicaciones como Uber, Sidecar o Lyft, la Comisión mantenía que no tenía intención de presentar una propuesta legislativa en el ámbito de los servicios de transporte de viajeros en automóvil.

Por otro lado y a raíz de la difícil situación que atraviesan muchas ciudades europeas por el abuso de los llamados alojamientos turísticos, el Parlamento Europeo pedía “medidas comunes para evitar abusos y garantizar que las normas laborales, fiscales y de protección al consumidor se aplican también a fenómenos como Uber, Airbnb o Deliveroo”, recogía El País.

¿Cómo se ha trasladado la guerra taxi vs Uber en Europa?

Como explica este artículo de Público, gran parte de estas empresas de economía colaborativa cuentan con un fuerte aparato lobbysta que intenta convencer a los legisladores de las ventajas de liberalizar mercados y lucha por mantener la alegalidad de estas compañías. Este lobby también se ha dejado sentir en Europa, donde varias de las empresas de Silicon Valley han aumentado su gasto.

 

Según desvelaba en mayo de este año la ong Transparency International, Uber ha gastado siete veces más en acciones de lobbing desde 2015. Es decir, durante 2015 y 2016, la compañía estadounidense gastó 50.000 euros en Bruselas, cifra que aumentó a 400.000 euros en 2017. “Con 50 reuniones de alto nivel, la compañía ya ocupa el 4° lugar entre nuestra lista de las 25 principales compañías de Silicon Valley”, explicaban en el artículo.

Más datos: el 25% de todas las reuniones de la Comisión la realizan solo dos empresas: Airbnb y Uber. Además, todos los lobbistas acreditados que trabajan para Uber tienen experiencia previa dentro de las instituciones de la UE. En mayo de 2016 la compañía fichaba a la ex comisaria Neelie Kroes, justo un año después de que abandonara su puesto. Ya cuando trabajaba como comisaria, esta mujer se definía como firme defensora de este tipo de plataformas.

También el año pasado la compañía fichó al ex diputado y ex senador del Partido Popular, Idelfonso Pastor, como responsable de relaciones institucionales.

Desde su fundación, Uber se ha caracterizado por su fuerte inversión en lobistas, tanto en Estados Unidos (entre 2013 y 2014 contrató a 161) como en el resto del mundo. Y Bruselas no se ha librado de su influencia.

Los taxistas españoles no se han quedado atrás. En 2015 se inscribieron como lobby, territorio en el que ya estaba inscrito su principal competido, Uber. Con esta decisión, los taxistas seguían la senda de otros colectivos europeos como Allo Taxis Sas o la Union Nationale des Industries du Taxi.

 

¿Cuál es la conclusión?

La decisión del Tribunal Europeo se suma a otras consecuencias judiciales que ha sufrido Uber alrededor de Europa que van desde la prohibición en Italia hasta la suspensión de licencias VTC en Reino Unido. Cada país e incluso cada ciudad está asumiendo los problemas con la compañía de una manera diferente. Una diversidad legislativa que se traduce en una falta de seguridad jurídica que nos afecta a todos: a Uber, a sus competidores y a los consumidores. Veremos si la decisión del Tribunal de catalogar a Uber como empresa de transporte lleva a una legislación más fuerte en el complejo mundo de las nuevas economías colaborativas.